Condiciones mejoradas

El año pasado un decreto del Gobierno vino a exigir nuevas adecuaciones a todas las instalaciones de uso colectivo, como el empleo de sistemas automáticos de renovación y regeneración del agua; la instalación de unos dispositivos que midan el volumen del agua renovada y depurada en cada piscina y la necesidad de contar con personal suficiente para realizar las labores de salvamento y socorrismo. "Desde la publicación del decreto de 1988 por el que se regulan las condiciones que deben cumplir las piscinas de uso comunitario, tanto privadas como públicas, este tipo de instalaciones han mejorado notablemente. No hemos tenido que cerrar ninguna", precisa el responsable de Sanidad Ambiental, Gonzalo Trincado. Además del autocontrol diario a que están obligados los propietarios de las instalacionas, Sanidad desarrollaba hasta ahora el examen de calidad del agua de baño con análisis más específicos. Estos se han venido efectuando con una periodicidad más o menos quincenal, con lo que ello comporta de recursos humanos y medios materiales públicos destinados a estas tareas, de las que en adelante tendrán que hacerse cargo los titulares de las instalaciones. La vigilancia de la limpieza de las zonas colindantes con las piscinas, como aseos, duchas y vestuarios, seguirá ocupando parte del trabajo de los inspectores del departamento de Sanidad. En cuanto a los socorristas, Trincado recalcó que la administración obliga a todas las instalaciones, de cualquier titularidad, a contratar a profesionales que dispongan del título oficial expedido por la Federación de Salvamento y Socorrismo.