Los resultados de la cultura de austeridad.

Según reciente información de prensa, un país centroeuropeo acaba de incorporar la idea de austeridad a su programa de gobierno, como el comienzo de un esfuerzo cuyo objetivo último es conseguir reducir déficit y endeudamiento. El Gobierno español fue pionero. En 1996, con los nuevos responsables al frente de la Administración Pública, la noción de austeridad en la gestión pública cobró especial relevancia y se dio una respuesta a las demandas de los ciudadanos, conscientes de que acaban pagando los excesos de la Administración.

En atención a esta "preferencia revelada" y evitando retrasos en la respuesta que ha de ofrecer la gestión pública a los problemas que se le plantean, el Gobierno aprobó, en diversos Acuerdos de Consejo de Ministros de 1996 y 1997, tres programas de racionalidad económica -un Plan de Racionalización, Mejora de Gestión y Optimización del Patrimonio Inmobiliario, un Plan de Austeridad de Gastos Corrientes de la Administración General del Estado y un Programa de Ejecucion de una Política de Compras Públicas- que constituyen el núcleo justificativo del denominado genéricamente Plan de Austeridad de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos.

La gestión pública, aunque se desenvuelva en un marco de especialidades jurídico-políticas, se ha de inspirar en el principio de eficiencia -conseguir el mejor uso de los fondos disponibles de por sí escasos-, imprescindible guía para el perfeccionamiento de un sector público secularmente sometido a una preocupante tradición de indisciplina presupuestaria. Los Programas que componen el Plan de Austeridad se han aplicado con cautela, ortodoxia y rapidez, intentando explorar plenamente todas las oportunidades de ahorro, al tiempo que contribuyen a proyectar un cambio de imagen de la Administración, en términos de mayor responsabilidad, inspirado en el principio de respeto a la última peseta del contribuyente. Analizamos, en un rápido recorrido, los objetivos y resultados de los distintos Programas.

En primer lugar, el Plan de Optimización del Patrimonio inmobiliario de la Administración del Estado, Organismos Autónomos y Entes Públicos establece como objetivos prioritarios la modernización de la gestión, mejorar el uso y aprovechamiento, reducir al máximo posible los arrendamientos existentes y renegociar a la baja, aprovechando la situación más competitiva del mercado, las rentas de los arrendamientos que sea necesario mantener. Se pretende concentrar los servicios administrativos en edificios del Estado, según tamaño y funcionalidad, ya que los inmuebles de titularidad dominical son suficientes para atender, sin menoscabo de calidad, los servicios públicos, ofreciendo al mercado los edificios excedentes.

Las actuaciones del Plan se realizan a través de la actualización del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado y mediante la aprobación y ejecución de los Planes de Reubicación Inmobiliaria en Ministerios y Organismos Públicos. Para actualizar el Inventario se han elaborado casi 8.500 fichas de inmuebles urbanos y rústicos, cuya información permite comprobar la localización, superficie, grados de ocupación y utilización así como otros 160 datos del inmueble, datos imprescindibles para el diseño de políticas inmobiliarias optimizadoras y muestra la de modernización en la gestión.

Respecto a los Planes de Reubicación, están actualmente en ejecución los correspondientes a 10 Ministerios, se han liberado inmuebles en propiedad que suponen un valor de mercado de 7.606 millones de pesetas, así como resuelto contratos de arrendamiento que han significado dejar de abonar una renta anual cercana a los 900 millones de pesetas.

Tras la ejecución definitiva de todos los Planes de Reubicación está previsto ocupar únicamente 133 inmuebles. De los 92 liberados, 23 se integrarán en el Patrimonio del Estado para nuevos usos o su desafectación -con un valor de mercado aproximado de unos 15.000 millones- y se cancelerán 69 arrendamientos con un ahorro estimado de 2.966 millones. Se realizarán nuevas enajenaciones de solares públicos innecesarios. Durante 1997 y 1998 se procedió a enajenar por importe de 11.800 millones de pesetas, con la expectativa de un volumen por enajenaciones de 16.700 millones de pesetas en 1999.

Las próximas actuaciones se dirigirán a finalizar los Planes de Reubicación de los Ministerios y Organismos Públicos restantes, a abordar la optimización inmobiliaria en la Administración periférica y posteriormente la del patrimonio en el extranjero.

El segundo Programa considerado es el relativo al Plan de Austeridad en sentido estricto, diseñado con una doble finalidad. Por una parte, conseguir ahorros en determinados conceptos del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del Presupuesto sin abarcar a su totalidad. Por otra, pretende alterar los hábitos de gastos de los responsables de los fondos públicos, auténtica modificación cultural en la gestión de recursos públicos. El plan se enfoca hacia una serie de gastos que, habiendo vivido una coyuntura expansiva, precisaban de un exhaustivo control y de unos más bajos niveles, como por ejemplo, las comunicaciones, la gestión de edificios, la contratación externa, publicaciones, la adquisición de material no inventariable, el uso de las fotocopiadoras, la representación institucional y los viajes.

De la evaluación del plan se desprende, con carácter general, el mantenimiento de un espíritu de contención de estos gastos corrientes, de modo que la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, empresas y entes públicos contribuyen, por los ocho conceptos considerados, con unos ahorros en 1997 y 1998 de 18.419 millones.

El tercer elemento de austeridad es el Programa de Compras Públicas, cuyo objetivo es obtener las mejores condiciones económicas y de calidad así como optimizar los procedimientos en las adquisiciones, haciendo valer la condición de "buen cliente" de la Administración tanto en términos de volumen como de solvencia.

Con esta finalidad, se han constituido Juntas de Contratación, verdadero proyecto "piloto", en seis departamentos ministeriales, estando en otros pendiente su creación, estimándose en unos 2.800 millones de pesetas el volumen de ahorro relativo a la junta del Ministerio de Economía y Hacienda en1998, su primer año de funcionamiento.

Un segundo aspecto de la política de compras lo constituye la actuación del sistema centralizado de compras. El sistema opera como una "central de compras", normalizando los bienes de caracteres comunes, unificando los criterios de su contratación con lo que se reducen los concursos a celebrar y obteniendo considerables descuentos que se cifran, para 1997 y 1998, en 13.135 millones de pesetas. Prueba de su eficacia es la ampliación del ámbito de aplicación a diversas comunidades autónomas, corporaciones locales y otros organismos.

La liberalización económica que afecta a determinados sectores (electricidad, hidrocarburos, telecomunicaciones y servicio postal) determina la necesidad para la Administración de replantearse la adquisición de estos suministros/servicios. Por acuerdo de consejo de ministros de 18 de marzo de 1999, los departamentos ministeriales han de reunir, sistematizar y analizar la documentación relativa a la adquisición de suministros y contratación de servicios en los mercados liberalizados, remitiendo información agregada al Ministerio de Economía, cuyo titular, antes de finalizar 1999, elevará informe de situación al consejo de ministros, acompañando propuestas de mejora en las condiciones de su contratación. Conocer las adquisiciones realizadas en estos mercados es el fundamento de una planificación futura generadora de ahorros adicionales.

En espera de las anteriores propuestas, el Ministerio de Economía y Hacienda ha acometido diversas iniciativas para el ejercicio 2000. En relación a los suministros/servicios en mercados liberalizados, el contrato de suministro electrónico ha sido objeto de actualización, al considerar la condición de consumidor cualificado, lo que supondrá un ahorro estimado entre el 15% y el 18% de la facturación y respecto al servicio postal, está pendiente la aprobación de un convenio de colaboración con Correos y Telégrafos con bonificaciones, según servicio, entre un 23% y 41%.

En otro orden de cosas, la contratación de las pólizas de seguros para los empleados del ministerio, mediante diversos concursos convocados en 1998, ha supuesto una reducción en los costes entre un 16% y un 26%.

El resumen valorativo de la aplicación de los distintos Programas muestra unas economías agregadas, para los de ejercicios 1997 y 1998, de 61.180 millones de pesetas. Es obvio que todo esfuerzo de ahorro tiene sus limitaciones, por lo que pasados los primeros ejercicios en los que las medidas adoptadas originan ahorros significativos, es previsible que, restablecidos los principios de frugalidad y buena administración, el incremento marginal del ahorro tienda a reducirse. No obstante, la dimensión futura que el plan contiene, es la razón que nos persuade para esperar que economías derivadas de las acciones emprendidas se reflejen en próximos ejercicios. También somos conscientes de que implantar una cultura de eficacia sobre la base de la austeridad es una "actitud" y una "política" con rasgos de permanencia. Seguir aplicados en reducir al máximo las desviaciones de gasto hasta la completa eliminación del déficit es uno de los objetivos que compromote nuestra credibilidad como país solvente en la UEM y la austeridad en el gasto colabora decididamente en esa tendencia a la vez que revitaliza la ética del servicio público.

Fernando Díez Moreno es subsecretario de Economía y Hacienda.