La Asamblea Constituyente y el Congreso de Venezuela acuerdan una breve cohabitación

La cohabitación entre el Congreso venezolano y la Asamblea Nacional Constituyente será breve y durará hasta que en diciembre se refrende la nueva Constitución y se convoquen elecciones para legitimar el poder legislativo, si las partes enfrentadas cumplen con el acuerdo y no se obstaculizan mutuamente. El pacto o tregua política, cuyos detalles serán anunciados mañana, y que ha sido logrado con la mediación de la Conferencia Episcopal venezolana, establece el respeto a los poderes constituidos y la no interferencia en sus respectivas funciones y actividades propias.

El acuerdo incluye el libre acceso de los parlamentarios a la sede del legislativo y el inicio de las sesiones ordinarias a partir del 1 de octubre próximo, previsto en su calendario habitual de trabajo. Los enfrentamientos entre el Congreso y la Asamblea comenzaron hace dos semanas, cuando los constituyentes decidieron intervenir y reorganizar el Parlamento reduciendo sus funciones y prohibiendo la entrada de los congresistas en su sede. El objetivo de la Constituyente era dejar activa sólo la comisión delegada y sus tres subcomisiones para que aprobaran los créditos públicos, el presupuesto del Gobierno del año 2000, los viajes del presidente Hugo Chávez e impedir la presencia de los parlamentarios en el pleno.

Sin embargo, los parlamentarios, que estaban en periodo de vacaciones de verano, decidieron rechazar la decisión de la Asamblea por considerar que imponía una disolución disfrazada del Congreso, violando la Constitución vigente de 1961, por lo que convocaron el adelanto de sesiones extraordinarias o de emergencia, aunque fuesen fuera del recinto del Parlamento.

El conflicto parlamentario desembocó el viernes 27 de agosto en una batalla campal entre los simpatizantes de Chávez y los diputados opositores ante la sede del Congreso, cuyas puertas se habían cerrado para impedir la entrada de los parlamentarios.

Con la mediación de la Conferencia Episcopal empezaron a limarse las diferencias entre el Congreso y la Asamblea. La meta de los congresistas es recuperar el Congreso para el cual fueron elegidos democráticamente el 8 de noviembre pasado y poder iniciar su periodo ordinario de sesiones el 1 de octubre.

Otra de las exigencias de los parlamentarios de la oposición era la celebración de un pleno extraordinario para debatir las decisiones de la Asamblea Constituyente, cosa que ésta no parecía dispuesta a aceptar. Al parecer, el pacto de convivencia zanja la cuestión autorizando ese pleno extraordinario, pero dotándole de un contenido simbólico.

El pacto no ha gustado a los más radicales. Por ejemplo, Manuel Quijada, presidente de la comisión judicial de la Constituyente, señaló que la Asamblea "cometió el error imperdonable de no clausurar el Congreso. Ya estamos viendo las consecuencias en aras de la armonía".

La Asamblea continuará interviniendo vía decreto en el quehacer legislativo y judicial, ahora en un tono más moderado, y redactando la nueva Constitución, que podría estar lista para noviembre próximo. A mediados de diciembre se celebraría la consulta popular para refrendar la nueva Carta.