El fiscal pide penas de prisión para el alcalde de Agost y cuatro ediles por cerrar el horno de residuos sanitarios

El ministerio fiscal ha solicitado penas de cinco años de inhabilitación para ejercer cargo público además de seis meses de prisión para el alcalde de Agost y otros cuatro concejales por impedir la apertura de la planta incineradora para tratar residuos sanitarios que la empresa Sinde posee en dicho municipio. Según informó ayer la firma, que se ha unido a la petición del fiscal, éste imputa al regidor independiente, Felipe Vicedo, y a sus ediles sendos delitos de desobediencia y prevaricación al desoír la orden de apertura del horno de Agost decretada en diversos autos por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. En octubre de 1994, Agost acordó en pleno otorgar la licencia de apertura a la planta incineradora de restos biosanitarios de Sinde, ubicada en el polígono industrial de este municipio de L"Alacantí. Tras esta decisión, Sinde comenzó a incinerar restos de hospitales valencianos a principios de 1995, pero tres meses después, "sin que obrara ningún tipo de falta ni delito, ni en la gestión empresarial ni medioambiental de la empresa", según asegura Sinde, el pleno de Agost decidió declarar "lesivo para el interés público" su propio acuerdo y solicitó al TSJ que lo anule. Asimismo decretó el cierre de la planta. La empresa interpuso ante el TSJ un contencioso-administrativo, aún no resuelto, que se ha saldado con diversos autos ordenando la apertura del horno. Por este motivo (la negativa de los munícipes a la reapertura de la planta) Sinde presentó una querella ante el juzgado de Novelda. Según la firma, el juicio oral se celebrará próximamente y, de momento, se une a la petición del fiscal.