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El TSJC ordena a los jueces de lo social que asuman el colapso de sus juzgados

La comisión permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el acuerdo de los jueces de lo social por el que el pasado julio, dada la acumulación de causas en sus juzgados, creaban listas de espera y no atendían nuevas demandas de conflictos laborales. Además, el órgano de gobierno de los jueces catalanes ha ordenado a los magistrados de lo social que se hagan responsables del gran colapso que sufren sus juzgados, según explicó ayer el presidente del TSJC, Guillem Vidal.

El presidente del TSJC explicó ayer que, pese a que la comisión permanente de la Sala de Gobierno del alto tribunal catalán "entiende y comprende" la preocupación de los jueces laborales, que soportan una sobrecarga de trabajo "impresionante e inasumible", ha decidido anular las "listas de espera" porque la ley marca que todos los asuntos se deben repartir y no acumular en "una bolsa". Con esta medida, el TSJC ordenará al juez decano que reparta entre los 26 juzgados sociales las 3.500 causas que se han acumulado desde julio y todas las pendientes. Ante esta situación, la Sala de Gobierno remitirá su acuerdo alConsejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia para advertir que es "absolutamente imprescindible" crear nuevos juzgados en Barcelona más allá de los que se establezcan en su área metropolitana. Los jueces de lo social decidieron el pasado mes de julio plantarse y dejar de repartir causas cuando éstas alcanzaran las 700 por juzgado. Desde entonces se han acumulado en el decanato más de 3.500 causas sin repartir y sólo se han tramitado 500 nuevas demandas por su carácter urgente. A pesar de la orden del TSJC de repartir las causas, la práctica supondrá que éstas quedarán igualmente paralizadas sobre la mesa de cada juez, que trabajará al ritmo que estime oportuno. Por ello, Guillem Vidal señaló que, a partir de ahora, cada juez "ha de responsabilizarse de la sobrecarga de trabajo" y "asumir los asuntos de su competencia". Vidal señaló que la Sala de Gobierno "no puede arreglar el colapso" y, a pesar de "comprender la situación", se han visto obligados a "desaprobar" la medida adoptada por los jueces de lo social y a ordenar "que se restablezca el reparto" de las causas entre los juzgados. Aun así, Vidal advirtió que la carga de trabajo que sufren los juzgados sociales en Barcelona es "inasumible" y recordó que el CGPJ conoce el problema. El consejo fue informado de esta situación en marzo del año pasado y llegó a admitir que los jueces limitaran el número de sentencias ante la sobrecarga de trabajo, después de que el TSJC impidiera al igual que en esta ocasión la creación de listas de espera. El presidente del TSJC cree que la descentralización de los juzgados sociales -tradicionalmente concentrados en la ciudad de Barcelona- hacia municipios del área metropolitana "no descongestionará" de trabajo a los juzgados de Barcelona, por lo que reclamó al Ministerio de Justicia que cree al menos tres nuevos juzgados más en esta ciudad. El juez decano de Barcelona, Joaquín Bayo, transmitiendo el sentir de los jueces laborales, ya avisó la semana pasada que son necesarios como mínimo cinco juzgados nuevos en la ciudad, mientras que en la actualidad existen 30. El Colegio de Abogados de Barcelona también impugnó ante el TSJC las listas de espera de los juzgados sociales ya que, pese a compartir y entender el problema de estos jueces, esta medida de presión afectaba "directamente a los ciudadanos".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de septiembre de 1999

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