Un estudio pide a la industria del curtido que depure sus residuos

Las industrias de curtidos deberían tener su propio sistema de depuración para evitar que los efluentes que vierten a los ríos lleguen a las depuradoras con un nivel de toxicidad mucho más alto que el resto de vertidos de la misma planta. Ésta es una de las conclusiones de un estudio realizado por Damià Barceló y Monserrat Castillo, investigadores del Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales de Barcelona, del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), y que anteayer publicó la revista científica Analytical Chemistry. El estudio ha sido realizado en una planta de tratamiento de aguas urbanas e industriales en Igualada (Anoia). El agua ha sido analizada antes y después de ser tratada. También se han analizado las aguas residuales de una empresa de curtidos que se vierten en la misma depuradora. Las aguas residuales procedentes de la industria de curtidos entran en la planta de tratamiento con un nivel de toxicidad 1.400 veces más alto que la mezcla de todas las aguas industriales y domésticas de la misma planta. A juicio de Damià Barceló, esto no presenta ningún peligro para la población, ya que el tratamiento en la planta es eficaz y el agua tratada no tiene niveles detectables de toxicidad, pero "sí provoca alteraciones en el ecosistema, como el cambio de sexo en algunos peces". Esto es debido, según el científico del CSIC, a los compuestos endocrinos que contienen las aguas industriales antes de ser depuradas. Para el análisis de toxicidad, se ha aplicado un biosensor de reciente desarrollo basado en la bacteria luminiscente Vibrio fischeri, que se inhibe de forma directamente proporcional a la presencia de contaminantes tóxicos, ya que éstos ejercen su efecto sobre las estructuras celulares y sus funciones biológicas, como es el caso de las bacterias. El estudio ha sido financiado por la Unión Europea y la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología de la Generalitat y tiene que ver con la futura aplicación de la directiva europea que obliga a los Estados de la Unión a tener un control estricto de las aguas residuales urbanas y de sus efectos tóxicos.