El nuevo comisario asume las tesis de su antecesor sobre los incentivos fiscales

VIENE DE LA PÁGINA 1 El comisario se ciñó en sus respuestas a la doctrina defendida por su antecesor en la Dirección General de la Compentencia, el belga Karel Van Miert, que impulsó una investigación general contra los incentivos fiscales vascos tras llegarle dos denuncias por su utilización: una sobre el caso Daewoo, en el que la Comisión ya declaró ilegales la mayor parte de las ayudas concedidas por las administraciones vascas a la firma coreana, y otra sobre los supuestos beneficios recibidos por Ramondín, empresa líder en la fabricación de cápsulas de cinc para botellas, para trasladarse de Logroño a la vecina localidad alavesa de Laguardia. "Quiero despejar dudas. La Comisión no está poniendo en tela de juicio que la región vasca pueda ejercer su autonomía fiscal, pero lo debe hacer de acuerdo con las normas establecidas en el Tratado [de la Unión Europea]", recalcó Mario Monti. En este sentido precisó que cuando la Comisión ha actuado contra los incentivos fiscales vascos no lo ha hecho por ser "medidas de carácter regional", sino por el carácter "específico" de las mismas. Al abrir en julio el expediente de infracción, la Comisión cesante desestimó que los créditos fiscales (la posibilidad de recuperar vía impuestos el 45% de la inversión realizada) sean beneficios fiscales de aplicación "general", como argumentan las instituciones vascas, y las consideró "ayudas de Estado ilegales". A juicio de Bruselas, las ayudas sólo benefician a unas determinadas empresas (las que inviertan más de 2.500 millones), su concesión es discrecional y falsean la libre concurrencia empresarial. Mario Monti, que tendrá que llevar adelante la investigación, no es un neófito en la materia, ya que hasta ahora era comisario del Mercado Interior y puso en marcha un grupo de estudio sobre la armonización fiscal de los quince Estados miembros de la UE. Meses atrás recibió a una delegación institucional del País Vasco que intentó contrarrestar las iniciativas de Bruselas contra los incentivos fiscales. Pero el administrativo no es el único frente que tienen abierto éstos en las instancias comunitarias. El Tribunal de Justicia de la EU debe pronunciarse antes de fin de año sobre la compatibilidad de este tipo de beneficios con el Tratado de la Unión, respondiendo a una cuestión prejudicial (consulta) presentada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Este pronunciamiento jurídico preocupa sobremanera a las instituciones vascas, especialmente tras el demoledor informe previo presentado el pasado mes de julio por el abogado general del Tribunal de Luxemburgo. Para evitarlo, las diputaciones forales han presentado un recurso a la Sala de lo Contencioso en el que piden que declare que no hay motivo de controversia para la cuestión prejudicial, con el argumento de que las normas enjuiciadas (las llamadas vacaciones fiscales aprobadas en 1993) han quedado ya derogadas. El Tribunal vasco debe decidir sobre la cuestión en la primera quincena de este mes. Gorka Knörr pidió a Monti que reciba a una delegación institucional vasca para conocer sus tesis de primera mano, lo que fue aceptado por el comisario. Sus respuestas, sin embargo, no satisfacieron al europarlamentario de EA, quien considera, en sintonía con las tesis nacionalistas, que Bruselas no trata al régimen fiscal vasco en igualdad de condiciones a los de los Estados miembros de la UE.