Pensiones electorales

El ex ministro de Trabajo Javier Arenas abrió ayer la larga campaña electoral que se avecina con el mensaje de que Joaquín Almunia es una amenaza para la Seguridad Social. Su sucesor, Manuel Pimentel, argumentó algo más al sostener que la subida de las pensiones, incluyendo las no contributivas, es competencia del Estado, y que las facultades de las comunidades se limitan a poder aumentar las llamadas asistenciales. También recordó que el Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre la decisión de Chaves de pagar un complemento de las no contributivas. La cosa habría quedado en disputa entre ministros y ex ministros de Trabajo de no ser por Pujol. El presidente de la Generalitat terció en la discusión manteniendo su desafío al Gobierno con el pretexto patriótico del IPC propio, se apuntó el éxito de haber forzado la revisión del Pacto de Toledo y dijo que pedirá la generalización del principio por él introducido. A continuación pidió al PP y PSOE que no hagan demagogia.Que ha habido demagogia, sobre todo por parte de Pujol, es lo menos discutible de este asunto. Todo lo demás resulta menos evidente. Por una parte, es cierto que el principio de igualdad de las pensiones es algo a mantener por razones de racionalidad económica y cohesión social. Pero por otra, las pensiones no contributivas se financian al margen de las cotizaciones de la Seguridad Social y, por tanto, no afectan a la unidad de caja. Al mismo tiempo, el principio autonómico implica la descentralización del gasto: es lógico que las comunidades puedan establecer prioridades y puedan destinar más a completar los ingresos de los pensionistas que a construir carreteras, por ejemplo. Siempre que ello no se traduzca en la práctica en más déficit y endeudamiento, a sabiendas de que en última instancia será el Estado quien lo pagará. Cataluña y Andalucía son dos de las comunidades más endeudadas.

El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre el fondo, pero los argumentos para levantar la suspensión cautelar del complemento acordado en Andalucía van en el sentido del planteamiento que hace Chaves. Este tipo de complementos se enmarcan dentro de sus competencias en materia de política social. Pero al mismo tiempo sería insostenible que subieran las pensiones no contributivas sin tocar las jubilaciones mínimas de quienes cotizaron a la Seguridad Social.

Por eso el Gobierno se ha visto obligado a adelantar la revisión del Pacto de Toledo y a comprometerse, tras el primer encuentro con los sindicatos, a estudiar una subida de las pensiones más bajas para incluirla en los presupuestos del 2000. El argumento es que la bonanza económica lo permite. Desde luego, más vale hacerlo de manera ordenada y no en una puja autonómica. La duda es si tal cosa hubiera ocurrido sin la iniciativa de Chaves que tanto indignó al Gobierno.