La violencia resurge en Colombia en plena huelga general

Después de una noche de disturbios y actos vandálicos, en los que murió una niña de 10 años y fueron destruidos y saqueados varios comercios de Bogotá y de la vecina población de Soacha, Colombia empezó a recuperar la normalidad ayer, segundo día del paro cívico indefinido convocado por las centrales obreras.La movilización sindical del martes se centró en la huelga casi total en el sector del transporte, pero ayer la protesta estuvo marcada por una sucesión de marchas callejeras, concentraciones y bloqueos de carreteras y por el paro en la educación pública. En Madrid, población cercana a la capital, la policía disolvió con gases lacrimógenos a los piquetes que impedían el paso hacia la ciudad de Medellín. "No a los peajes; no a la valorización [impuesto inmobiliario]", fue la consigna lanzada por los manifestantes.

"El paro perdió su carácter cívico; está reducido a algunos sectores. Creo que ya no tiene objeto mantenerlo", aseguró Miguel Pérez, presidente de la asociación de que agrupa a los pequeños y medianos empresarios de autobuses, antes de entrar en una reunión del comité de huelga. Para este dirigente, la normalización del transporte no se debe -como afirmaron otros dirigentes sindicales- a las promesas del Gobierno.

El Ejecutivo confiaba en poder reanudar ayer el diálogo con los huelguistas. El presidente colombiano, Andrés Pastrana, envió mensajes conciliadores a los sindicatos: "De la mano del sindicalismo vamos a salir de la crisis".

Por otra parte, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucioniarias de Colombia (FARC) se enfrentó ayer a una unidad militar en la región de Hato Corozal, en la provincia oriental de Casanares, donde, según el Ejército, murieron al menos 50 insurgentes.

En una localidad cercana a Medellín, 15 personas fueron asesinadas ayer. Según fuentes oficiales los autores de la matanza, perpetrada en Yolombó, pertenecen a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), el principal grupo paramilitar del país, dirigido por Carlos Castaño. Las ACCU acusaron a sus víctimas de colaborar con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que opera en la zona.