Pujol defiende la paga extra a los pensionistas y aconseja a PP y PSOE que no hagan demagogia

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, tuvo que emplearse ayer a fondo para defender la paga extraordinaria que su Gobierno concederá a más de 70.000 pensionistas catalanes a tan sólo un mes y medio de las elecciones autonómicas. Pujol no sólo rechazó el carácter electoralista de esta decisión porque, a su entender, es de "justicia social y los marginados no suelen votar", sino que se permitió aconsejar al Partido Popular y al partido socialista que "no hagan demagogia" con el tema de las pensiones en la próxima reunión del Pacto de Toledo.

No habrá marcha atrás. Antes de fin de año, en una fecha no concretada ayer por Pujol, más de 70.000 pensionistas recibirán una paga extraordinaria que será de 7.800 pesetas para las pensiones no contributivas y de 5.410 para las asistenciales (FAS) o de minusvalía (LISMI). En total, un montante de 465 millones. La decisión ya fue aprobada el martes por el Consell Executiu de la Generalitat, pese a la férrea oposición del Gobierno central, cuyo vicepresidente Rodrigo Rato reclamó reiteradamente al entorno del presidente catalán que reconsiderara su decisión. Pujol reconoció estas presiones: "Nos pidieron que no lo hiciéramos y que si no se enfadarían. Bien, lo hemos hecho y que se enfaden", comentó a modo de desafío.La paga corresponde al diferencial de 1,5 puntos registrado desde 1995 entre la inflación media española y la catalana. "Ni más ni menos", dijo Pujol. Y tan sólo se aplica a las pensiones no contributivas que afectan a las capas sociales más marginadas, aquéllas que, según el presidente de la Generalitat, no suelen votar en los comicios. Con este argumento intentó rebatir las acusaciones de electoralismo lanzadas por el Ejecutivo central y desde los partidos de la oposición en Cataluña. Para Pujol no hay oportunismo en la medida, al contrario, es una decisión que significa una "obra de justicia social aplicada a los más necesitados". "Si no lo hiciéramos nos tacharían de inoperantes", añadió.

Pujol se mostró ayer más seguro que nunca: "Haremos frente a cualquier embestida, sea política o mediática. Hacemos lo que hay que hacer y si quieren [el Gobierno central] presentar un recurso ante el Constitucional, que lo presenten". De este modo el presidente dio por cerrado el polémico asunto de la paga extra y se empleó a fondo para desviar el debate hacia lo que considera un logro exclusivo de los nacionalistas, es decir, la convocatoria anticipada del Pacto de Toledo para revisar al alza las pensiones más bajas.

A continuación, el líder de CiU enumeró una retahíla de peticiones que su formación presentará en la reunión del Pacto, convocada para este mes de septiembre. Aunque los nacionalistas todavía no se han sentado a negociar con el Gobierno para presentar una plataforma conjunta con el PP, Pujol adelantó que su partido solicitará la revisión al alza de las pensiones contributivas, las no contributivas, las asistenciales y, especialmente, las de viudedad.

Asimismo, CiU planteará que los futuros incrementos tengan en cuenta los diferenciales autonómicos de la inflación, con el objetivo de evitar posibles polémicas como la suscitada por la paga extraordinaria.

Pero el reto fundamental para los nacionalistas y el propio Pujol es que de la convocatoria salga una resolución consensuada. Para ello, será necesario, según Pujol, que los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, "no hagan una maniobra demagógica" sobre el tema de las pensiones. El presidente reclamó que se cumpla el espíritu del Pacto de Toledo, es decir, evitar cualquier uso electoral de las pensiones por parte de ninguna fuerza política.

Votaciones en contra

Ni electoralismo ni oportunismo. Para el presidente, tan sólo ahora podía aprobarse una paga extra para los pensionistas catalanes una vez que el Tribunal Constitucional se ha manifestado al respecto. Sin embargo, cuando se le recordó a Pujol que el alto tribunal tan sólo había desestimado una medida cautelar para prohibir el incremento aprobado por la Junta de Andalucía, el presidente señaló: "Si al final sentencia en contra de estas subidas, nosotros no pediremos a los pensionistas que nos devuelvan el dinero".

De momento, la decisión de CiU es firme. En ocasiones, incluso contra lo votado y dicho por la propia coalición nacionalista tanto en el Congreso como en el Parlamento de Cataluña. En concreto, en el Congreso los nacionalistas rechazaron en esta misma legislatura una propuesta del partido socialista para subir en 2.000 pesetas mensuales las pensiones. En la Cámara catalana, CiU también rechazó una moción de Esquerra Republicana para crear un fondo presupuestario para ajustar las pensiones a la inflación de Cataluña. En aquella ocasión, un parlamentario de Convergència, Rafael Hinojosa, calificó la propuesta republicana de "brindis al sol" y dijo que aceptarla provocaría "melancolías y frustraciones".

Incluso el propio consejero de Trabajo de la Generalitat, Ignasi Farreres, el pasado 15 de agosto, una vez conocida la decisión del Constitucional, se mostraba contrario a aumentar unilateralmente las pensiones no contributivas, lo que finalmente ha acabado por aprobar su partido. "De todos modos", afirmó el consejero democristiano, "aumentar sólo las pensiones no contributivas significaría incrementar una pequeñísima proporción de las pensiones y podría plantear problemas de equidad, porque no se justifica por qué pueden aumentarse unas pensiones y no otras". Para Farreres, esta medida significaría "perturbar el equilibrio de todo el sistema de pensiones".