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La empresa Geforsal hizo la primera denuncia sobre el fraude de las ayudas a la reforestación

Una conversación entre el propietario de la empresa Gerfosal, Juan Ignacio Ramos, y el delegado de Agricultura de la Junta en Almería, Francisco Ruiz Orta, cristalizó en la denuncia contra los funcionarios José Jesús García Cruz y Joaquín Fernández Márquez como los supuestos integrantes de una trama que se lucraba ilegalmente con las ayudas a la reforestación. En la denuncia también se incluye entre los presuntos culpables de haber cometido un fraude a la empresa Serfosur. Su propietario, Joaquín Sánchez, desafiaba ayer a la Junta y afirmaba que "en unos días se demostrará el montaje"

En la denuncia presentada contra los dos funcionarios públicos de la Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Almería, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se asegura que la empresa Geforsal entregó seis millones de pesetas a García Cruz y Fernández Márquez para obtener las ayudas europeas para reforestación. En el mismo texto se acusa a los citados técnicos de haber cobrado presuntamente esos seis millones para la tramitación de los expedientes de ayudas presentados por Geforsal. Además, en la denuncia se sostiene que los dos funcionarios acentuaron su extorsión hasta el punto de tener "paralizadas" las ayudas que le correspondían a la citada empresa hasta que ésta les pagara otros cinco millones de pesetas, con lo que el total de la extorsión a Geforsal ascendería entonces hasta los 11 millones de pesetas. Igualmente, en la denuncia se acusa a una segunda empresa, Serfosur, de estar en connivencia con los funcionarios. Fue el titular de la empresa Geforsal, Juan Ignacio Ramos, quien comunicó personalmente al delegado de Agricultura en Almería, Francisco Ruiz Orta, la presunta trama en relación con las ayudas forestales denunciadas el pasado 29 de julio ante la Policía y el Juzgado de Instrucción número 4 de Almería. El la denuncia firmada por Francisco Ruiz Orta se sostiene que, dada la "fuerte" relación existente entre el denunciante, Juan Ignacio Ramos, y los presuntos funcionarios extorsionadores, éste "cree conocer" la existencia de una trama fraudulenta mucho más amplia en la que los funcionarios, en perfecta connivencia con una conocida empresa de forestación de ámbito provincial "se reparten pingües beneficios de manera fraudulenta". Esta segunda empresa, Serfosur, cuyo titular es Joaquín Sánchez, habría utilizado presuntamente a familiares y amigos de los funcionarios como arrendatarios de fincas que obtuviesen las ayudas europeas para repartirse los beneficios. El director de Serfosur mostraba ayer su "absoluta sorpresa" ante las acusaciones vertidas hacia él y su empresa. Sánchez aseguró que en unos días se demostrará el "montaje" creado con las extorsiones para reforestación. "Aquí no hay tal trama y si es verdad que mi nombre aparece en la denuncia iré hasta el final". Por otro lado, el parlamentario andaluz del Partido Popular en Almería, Julio Vázquez, denunció ayer lo que a su juicio supone la "negligencia total" de la Delegación de Agricultura con respecto a las fincas públicas que han recibido ayudas para la reforestación. Vázquez aseguró que Agricultura no hace ningún seguimiento de estas fincas públicas reforestadas y argumentó su acusación en las nuevas reforestaciones en las tierras de Argamasón y Caballón, en el término municipal de Carboneras. "Se van a reforestar por segunda vez y haciendo una segunda inversión". El PP ha anunciado la petición de expedientes de reforestación, rendimientos, vigilancias y sanciones emitidas por la Consejería con el fin de "hacer responsables" a los superiores políticos.

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