La coartada del crudo

LA EVOLUCIÓN reciente de los precios de la energía en España constituye una seria amenaza para la tasa de inflación, con los graves problemas para el conjunto de la economía que de ello se deriva, y un perjuicio para los consumidores, cuyas rentas salariales probablemente no aumentan al mismo ritmo que el precio de los combustibles. En siete meses, el coste para el consumidor del litro de gasolina súper ha subido más de un 11%, y el resto de los carburantes ha seguido una evolución parecida. El Gobierno se ha apresurado a explicar las subidas por el encarecimiento del petróleo, cuyo barril cuesta unos 20 dólares. Pero la explicación es insuficiente y encubre el mal funcionamiento permanente del mercado de los combustibles.El Gobierno suprimió los precios máximos de las gasolinas (súper y sin plomo) el 1 de enero de 1999. A partir de esa fecha, las grandes compañías operadoras -básicamente dos, Repsol y Cepsa- tienen absoluta libertad para fijar los precios de los productos. Cuando el Gobierno tomó la decisión de suprimir el régimen de precios máximos, una barrera que las compañías no podían sobrepasar, arguyó que la competencia en el mercado de las gasolinas estaba consolidada. Pues bien, esa suposición fue y es un grave error, como demuestran los hechos.

La liberalización de los precios no solamente no ha generado una competencia a la baja de los mismos, sino que, por el contrario, ha permitido a las empresas mejorar sus márgenes. Las pruebas son concluyentes. Entre el 12 de junio y el 7 de julio de este año, los precios medios de venta de la gasolina súper son superiores a los que se hubieran permitido con un régimen de precios máximos. Si esta tendencia se mantiene, habrá que deducir de forma tajante que la liberalización anunciada por el Gobierno como el método rápido y eficaz para bajar los precios no solamente ha fracasado, sino que está resultando perjudicial para los consumidores.

Varias razones explican este fiasco. Una de ellas es que el Ministerio de Industria se precipitó irresponsablemente al suprimir los precios máximos, y, lo que todavía es peor, se equivocó cuando en la Ley de Hidrocarburos renunció a aplicarlos en el futuro. Ahora podía utilizar la amenaza de restaurarlos como instrumento disuasorio. La razón de más peso que explica la tendencia de los precios a subir por encima de lo que marca el mercado del crudo es la ausencia de una competencia real en el mercado español de las gasolinas, y la convicción fatal de que, si no median decisiones muy drásticas para garantizarla, no hay expectativas de que deje de aumentar a corto y medio plazo.

Ante la dificultad de recuperar los precios máximos para disciplinar los márgenes de las empresas, y en la suposición de que es improbable que este Gobierno actúe de forma radical -por ejemplo, obligando a trocear las compañías, como ya se ha hecho en otros países con problemas graves de competencia-, queda un campo amplio de decisiones que contribuirían a bajar los precios a medio plazo.

Podría, por ejemplo, abaratar los costes de la logística (almacenamiento y transporte) de los carburantes, que ahora gestiona la empresa Corporación Logística de Hidrocarburos (CLH), controlada por los operadores; también podría eliminar las trabas administrativas que existen para la instalación de surtidores en los supermercados, puesto que las ofertas competitivas de las grandes superficies han actuado como un eficaz reductor de los precios en países como Francia y Reino Unido; podría, en fin, estudiar las relaciones jurídicas de los grandes operadores con las estaciones de servicio, porque los primeros imponen a los segundos contratos de exclusividad y larga duración que impiden la baja de los precios. Es el mínimo exigible, en lugar de tanta retórica tronada sobre liberalizaciones de bisutería y de huir a esconderse detrás del barril de crudo.