La patronal denuncia que hay 20.000 camas en asilos ilegales

El presidente de la Federación Nacional de Residencias Privadas de Ancianos, Juan Antonio Molla, denunció ayer que en España hay 20.000 camas en residencias ilegales de ancianos, y aseguró que, con un mayor control, las Administraciones podría localizarlas "en menos de 24 horas", ya que estos centros acuden a los servicios públicos de salud para conseguir medicinas y pañales para los internos.

En declaraciones realizadas ayer a la cadena SER, Molla afirmó que la mayoría de estos centros se instalan en pisos o chalés de unos cien metros cuadrados, y acogen a unas 10 o 12 personas de media, que son atendidos por "pseudo profesionales y personal no cualificado". Además, resaltó que la diferencia de precio entre un centro reconocido y otro clandestino es de unas 20.000 pesetas.Tras la clausura esta semana de dos asilos no autorizados en Andalucía, el presidente de la patronal de residencias privadas pidió que se aumenten las penas para los responsables de los centros ilegales, ya que en la actualidad sólo pueden ser objeto de sanciones administrativas y económicas. Molla declaró que, si se confirman las condiciones en que vivían los ancianos de la residencia sevillana La Alegría de Vivir, "el responsable de este centro tendría que ir a la cárcel". En la denuncia que está preparando contra este asilo, la Junta de Andalucía va a pedir una multa de 50 millones de pesetas, la máxima sanción económica posible, según informó el consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña.

Déficit de plazas

Molla también dijo que en España había déficit de plazas para personas mayores, con una media de 2,5 camas por cada cien personas mayores, por una media entre cinco y seis en EE UU y otros países europeos. Saldaña reconoció ayer al respecto que Andalucía necesita 7.000 plazas de residencias de ancianos más de las que existen en este momento. Ahora hay unas 20.000 plazas reconocidas y homologadas por la Consejería, de las que sólo 5.300 son de titularidad pública o concertadas, informa Daniel Gil. Otro problema es lo inadecuado de las plazas existentes pues sólo el 40% de las mismas están destinadas a los mayores que se denominan "asistidos", que son aquellos que necesitan atención profesional especializada permanente. La Consejería andaluza pretende invertir este reparto y disponer de un 60% de plazas asistidas de aquí a fin del 2000.

Los 20 ancianos que ocupaban las dos residencias clausuradas por los servicios sociales de la Junta de Andalucía se encuentran ya reubicados, 17 de ellos en otros centros privados concertados o públicos y tres con sus familiares.