Los empresarios piden a los grupos parlamentarios que aceleren la aprobación de la ley de Turismo La CEA exige la puesta en marcha del plan de playas, retrasado por falta de financiación

Los empresarios renovaron ayer su compromiso con el proyecto de ley de Turismo, elaborado por la Consejería que dirige el andalucista José Núñez. El presidente del consejo empresarial de turismo de la CEA, Miguel Sánchez, solicitó que "las distintas fuerzas políticas que agilicen la aprobación del proyecto de ley de Turismo en el Parlamento". Sánchez, según un comunicado de la patronal, defendió que se acelere la aprobación de esta norma "que responde a las principales necesidades y prioridades del sector turístico andaluz". Sindicatos y empresarios ya dieron su aval, en marzo, a un primer borrador del proyecto de ley de Turismo. Ahora, la Confederación de Empresarios de Andalucía, respalda la intención de Núñez de impulsar la tramitación parlamentaria del texto para que sea aprobado en esta legislatura, que finaliza en abril del 2000. El consejero de Turismo llegó a plantear la posibilidad de hacer, por decisión unánime de la Junta de Portavoces, una lectura única del proyecto de ley en la Cámara, lo que, en definitiva, impediría a los grupos presentar enmiendas o modificaciones. Esta opción, sin embargo, fue desestimada incluso por el PSOE, socio en el Gobierno andaluz, que tiene reparos a la pérdida de poder de los patronatos de turismo provinciales La posibilidad más factible es que los grupos parlamentarios opten por la tramitación urgente de la ley (que acorta los plazos a la mitad); aún así, la aprobación antes de abril será difícil, habida cuenta de lo ajustado del calendario de la Cámara que tiene que discutir otros textos, como la ley de Cajas, también irrenunciable para los andalucistas. El presidente del consejo turístico empresarial, además de destacar que la nueva ley "presenta a Andalucía como un destino turístico integral y de calidad", llamó la atención sobre "la necesidad de reforzar con los instrumentos necesarios la competitividad del sector". El proyecto de la Consejería considera la actividad turística como "evidentemente privada", si bien reserva la planificación al Gobierno andaluz y los ayuntamientos. El proyecto de ley, además de aclarar las competencias turísticas de las administraciones públicas, establece la figura del municipio turístico para recompensar a aquellas localidades que acogen durante largas temporadas a una importante población flotante. También define un régimen de infracciones y sanciones para luchar contra las actividades clandestinas en el sector y crea, entre otros organismos, una Oficina de Calidad, una Escuela Oficial y el Consejo andaluz de Turismo. El consejo de Turismo de la CEA también debatió el retraso en la puesta en acción del plan de playas, presentado hace un año por la Consejería que había previsto invertir 82.000 millones de pesetas en cinco años. Turismo ha admitido (ver EL PAÍS del 23 de agosto), que tiene dificultades para encontrar vías de financiación, ya que aún no ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, que debe hacerse cargo del 75% de las actuaciones (recuperación ambiental y paseos marítimos). Ante los obstáculos encontrados, Turismo va a dedicarse sólo a garantizar los servicios básicos y ha decidido ampliar a 10 años la vigencia del plan. El consejo empresarial reclamó que el plan de playas se ponga en marcha "cuanto antes" para dar "una respuesta a las necesidades de equipamientos e instalaciones de las playas andaluzas". Norma sobre espectáculos Los empresarios, en su reunión, también trataron otra norma que está pendiente de tramitación parlamentaria, el proyecto de ley de Espectáculos que ha elaborado la Consejería de Gobernación. En este caso, la posición de la CEA es claramente opuesta al articulado que se va a presentar a debate en la Cámara. "Esta iniciativa legislativa no justifica los fines y objetivos" que persigue, "ni responde a la realidad del sector". La CEA considera que este proyecto de ley "establece un régimen acusadamente sancionador" y que al incorporar nuevos requerimientos administrativos "se dilatan y burocratizan aún más el ejercicio de las actividades". Los empresarios mantienen que, con esta norma, se produce "un intervencionismo público en el sector". La principal queja del consejo empresarial de turismo, que pidió la "modificación sustancial" del proyecto de ley, es que la norma desplaza a los dueños de los establecimientos la responsabilidad de los actos que se producen en estos locales. Los empresarios reclamaron un documento de proposiciones y no "uno de control y penalización del sector".