Pensiones y pactos

EL GOBIERNO se ha visto obligado a adelantar la convocatoria del Pacto de Toledo a septiembre, más de un año antes de que termine su vigencia. Era casi obligado que lo hiciera, debido a la irresistible presión de las comunidades autónomas que han anunciado aumentos en las cuantías de las pensiones no contributivas y las numerosas voces que se han sumado a la petición de aumento de las pensiones. No debe interpretarse este adelanto como un pulso perdido por el Gobierno, opuesto inicialmente a la subida de las pensiones no contributivas ; es preferible considerarlo una muestra de flexibilidad política en un debate que se ha extendido en la sociedad como el más importante del agosto profundo y, muy probablemente, del curso político que empieza el próximo mes de septiembre.El debate es complejo porque tiene muchas cuestiones entremezcladas. Si lo que se pregunta el ciudadano es si los máximos responsables de las comunidades autónomas se han dejado llevar por un cierto oportunismo en sus decisiones de subir -cantidades mínimas- las prestaciones no contributivas y en el alboroto que han organizado para exigir más que requerir la subida de las pensiones, la respuesta es sí. Pero si la pregunta es si las subidas en las pensiones no contributivas rompen la unidad de caja del Estado, la respuesta es no. Nada impide que un Gobierno autónomo aumente, con el dinero de sus propios presupuestos, las atenciones no contributivas a los pensionistas. Forma parte del juego político, porque el dinero que utilice para pagar pensiones más elevadas deberá detraerlo de otras inversiones, y serán los mismos ciudadanos quienes tengan que decir si esa gestión les favorece.

El paso que no debe hacerse a la ligera es el que consiste en encadenar la subida competitiva entre autonomías de las pensiones no contributivas con el aumento de las contributivas, aprovechando la ambigüedad de los mensajes que parecen no distinguir interesadamente entre unas y otras. Sería una seria irresponsabilidad política si se hace en el vacío, es decir, sin que medie un acuerdo político. Los argumentos que se esgrimen para defender la subida de las prestaciones no dejan de ser justificaciones circunstanciales.

Lo importante es que sea una negociación en el ámbito del Pacto de Toledo, en la que participen también empresarios y sindicatos, la que decida si el criterio de revisión es la inflación conjunta o la autonómica; tan importante como que las decisiones que se tomen tengan en cuenta la viabilidad del sistema público de pensiones y que no solamente se guíen por la cara amable del ciclo económico.

Es natural, incluso saludable, que, en periodos de bonanza económica, el Estado eleve las pensiones más bajas. Las pensiones mínimas pueden y deben subir, y ya era hora de que el Gobierno se decidiera a cumplir los compromisos adquiridos en el Pacto para aproximar las pensiones al salario mínimo. Pero con el acuerdo de las fuerzas políticas y sociales en la cuantía de esas subidas. La buena situación de la economía no debe hacer olvidar a los gestores públicos y a los políticos profesionales que en una fecha tan cercana como 1995 existían graves inquietudes en la sociedad española sobre el futuro del sistema público de pensiones; que el Pacto de Toledo fue inventado para aplicar reformas pactadas que garantizasen su viabilidad, y que los motivos de inquietud acerca de tal viabilidad persisten.

El año próximo, el Estado tendrá que pagar casi 8,5 billones en concepto de pensiones. Es verdad que hoy ha aumentado la relación entre el número de cotizantes y de pensionistas; pero bastará que vuelva a descender ligeramente el empleo para que se ponga en riesgo el sistema; y persisten los desequilibrios financieros internos que, paradójicamente, fueron denunciados por el PSOE, uno de los atizadores del debate de las pensiones.

La facilidad con que los partidos políticos bordean la tentación de romper el compromiso de no manipular la política asistencial es un serio motivo de procupación. Es imprescindible garantizar, si se llega a algún acuerdo en las negociaciones que empiezan en septiembre, que será después respetado por los firmantes sin que la proximidad de las elecciones generales rompa los compromisos ni active la amnesia. El camino correcto ha sido y es la negociación política y el acuerdo entre los agentes sociales. Y quien vulnere este principio acabará pagando, tarde o temprano, un coste elevado.