Gil presionó al Tribunal de Cuentas para influir en la inspección

El presidente del Grupo Independiente Liberal (GIL), Jesús Gil y Gil, ha ejercido presiones sobre el Tribunal de Cuentas para obtener un trato de favor por parte de esta institución, a la que el Parlamento instó el pasado febrero a fiscalizar la contabilidad del GIL en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) desde 1990 hasta 1999. Gil trató de imponer a su hija, María Ángeles Gil Marín, como interlocutora de los inspectores. Al ser rechazada su petición, el alcalde remitió faxes ofensivos para los consejeros.

El Tribunal de Cuentas rechazó el pasado martes un recurso del presidente del GIL para evitar la revisión de las cuentas del Ayuntamiento de Marbella. Esta medida, sobre la que los juristas discrepan si caben nuevos recursos, da vía libre a la inspección prevista para la primera quincena de septiembre, que Jesús Gil ha tratado de eludir. A sus numerosas llamadas telefónicas, que no fueron contestadas por el consejero encargado de la contabilidad de las corporaciones locales, Andrés Fernández Díaz, siguieron faxes en los que Gil cuestionaba la honradez de los miembros del tribunal y denunciaba una supuesta conjura de todas las instituciones del Estado contra su persona.Al no obtener respuesta, Gil recurrió a ex funcionarios del tribunal para que algunos consejeros accedieran a entrevistarse con catedráticos que le asesoran en materia penal y de urbanismo. No logró su objetivo, según informaron fuentes del Tribunal de Cuentas. Como última medida, el alcalde de Marbella trató de convertir a su hija, María Ángeles Gil Marín, en interlocutora única de los inspectores del tribunal, añadieron las citadas fuentes.

El director general del Departamento de Contabilidad de las Corporaciones Locales, Domingo Fidalgo, argumentó telefónicamente a la hija de Gil que dicha pretensión no se ajusta al funcionamiento habitual del Tribunal de Cuentas. Esta institución recurre a funcionarios cualificados y no a quien designe un partido político. Las presiones de Gil han fracasado. "Esta institución trabaja con rigor y seriedad. Resulta intolerable que alguien pueda pensar que podemos ceder ante sus presiones", comenta el profesor Fernández Díaz, catedrático de la Universidad Complutense.

El único contacto directo entre el presidente del GIL y los representantes del Tribunal de Cuentas tuvo lugar el pasado julio, cuando Domingo Fidalgo y el subdirector del departamento, Joaquín Escosa, se desplazaron hasta Marbella. Allí comunicaron a Jesús Gil que la inspección comenzaría en septiembre y solicitaron del consistorio marbellí la colaboración necesaria para trabajar. La respuesta del alcalde chocó sobremanera a los representantes del tribunal. "¿Buscáis ilegalidades? Seguramente las encontraréis. Pero mirad las calles de Marbella,limpias, seguras y prósperas", les dijo. Los funcionarios regresaron a Madrid muy sorprendidos.

El Tribunal de Cuentas sigue en su propósito de mantener relaciones amistosas con Gil al objeto de que éste no entorpezca la inspección. Sin embargo, vistos los numerosos obstáculos que ha encontrado la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía cada vez que ha intentado investigar las finanzas del consistorio marbellí, el Tribunal de Cuentas ha requerido la ayuda del Ministerio del Interior, cuyos responsables han garantizado la protección de la Guardia Civil si se niega el paso de los auditores al Ayuntamiento de Marbella.

Los reiterados impedimentos del GIL a los inspectores de la Cámara de Cuentas figuran en el informe, publicado el 24 de junio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que revela numerosas irregularidades contables en los tres años analizados -del 91 al 93-. El informe destaca los mandamientos de pago sin "documentación soporte", firma autorizada ni destino conocido de centenares de millones de pesetas. O las operaciones, igualmente multimillonarias, realizadas al margen de la corporación con fondos municipales. También resalta las opacas relaciones financieras entre las sociedades municipales creadas por el GIL y el Ayuntamiento, entre las que figuran los 261 millones atribuidos a las sociedades y que éstas nunca recibieron.

Las repercusiones de este informe y la anunciada inspección del Tribunal de Cuentas no son los únicos quebraderos de cabeza que esperan a Gil después de las vacaciones. Le aguardan más de sesenta procesos. Entre ellos, el que sigue la Audiencia Nacional por una presunta estafa de 4.000 millones. O la Audiencia Provincial -caso Atlético-, el Juzgado 9 de Madrid -fraude y malversación-; o los de Marbella: en el número 5, malversación y falsedad en documento; en el 1, ordenación del territorio; en el 7, malversación de caudales públicos, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias y calumnias contra el concejal del Partido Andalucista Carlos Fernández; prevaricación y daños en el 6 y las más de 50 diligencias que tramitan los juzgados 2 y 3 por presuntos delitos urbanísticos.