La inseguridad social de los artistas en España

El Real Decreto 2621 de diciembre de 1986 estableció la integración de los artistas en el Régimen General de la Seguridad Social, con un periodo transicional que culminaría el 1 de enero de 1996. En enero de 1987 los artistas se integraban al 50% de las bases de cotización mensuales del grupo correspondiente, y en enero de 1996 terminarían equiparadas al 100%, después de un incremento paulatino durante el periodo de transición entre 1987 y 1996.Aquí habría que aclarar que dentro de la denominación de artista se incluyen en el concepto de la Seguridad Social actores, bailarines, músicos (lo que llamamos artistas intérpretes), así como los técnicos, tanto del audiovisual como del espectáculo en vivo, sujetos al mismo tipo de contratación por cuenta ajena. Compañeros de viajes de los artistas en el mismo decreto de integración fueron los profesionales del fútbol y del mundo taurino. El viaje para los futbolistas y para los matadores dentro del sector taurino fue más corto y quedaron equiparados en el camino que transcurrió entre los años ochenta y estos noventa. "La fuerza de los artistas del balón y de los toros probó contundencia". Nosotros, los artistas de otros instrumentos, de texto y partituras, nos hemos extraviado en el espacio y, en este último año del milenio, seguimos flotando aún a poco menos del 73% del total de las bases de cotización de los demás trabajadores.

¿Qué nos ha pasado, entonces, a los artistas durante este lapso? Pues, que a pesar de que cierta parte del público considere a nuestro sector como privilegiado por el tratamiento que los medios de comunicación dan a algunos artistas, somos en realidad un colectivo desprotegido. Hace falta tomar conciencia de que somos, como trabajadores, iguales a todos los demás, en lo que concierne a derechos y obligaciones. Ni más ni menos.

Aunque vaya por delante que los actores en España somos víctimas de una grave discriminación frente a la Seguridad Social y al desempleo. Creemos que en mucho casos los bailarines son más víctimas, si cabe, y entendemos que en la misma olla de la desconsideración están los técnicos del espectáculo, especialmente los del audiovisual, compañeros de reivindicaciones.

En el desarrollo histórico de estos años, que van desde 1986 hasta la fecha, han pasado por la Administración dos partidos políticos, y no se trata de acusar a ninguno, ni de descargarlos de responsabilidad. Sin embargo, los portavoces del Gobierno actual en estos temas justifican no haber corregido la situación, por un decreto de diciembre de 1995, cuando el otro partido aún estaba en el poder, que derogaba el decreto de integración en cuanto se refería a la equiparación para el 1 de enero de 1996.

Por otro lado, los portavoces en el tema del principal partido en la oposición aparentemente asumen su responsabilidad y parecen estar dispuestos a reparar esta situación en el Congreso de los Diputados, para que esa equiparación de la base de cotización de los artistas se lleve a cabo en el año 2000 (esto es lo que justamente demandamos los artistas). A su vez, el resto del espectro de partidos políticos con representación parlamentaria parecen dispuestos a apoyar esta reivindicación retrasada en varios años (incluso los socios del Gobierno).

No obstante, a la Administración popular no se le han rasgado las vestiduras en reclamar diferencias de cuotas, que llaman regularizaciones anuales, a los artistas que han venido solicitando la prestación vitalicia de la jubilación en los últimos años. Porque no se han limitado a reclamar las diferencias de cuotas para regularizar con cincos años de retroactividad a la fecha de solicitud de pensión de los mayores de 65 años. La Administración popular no ha tenido ningún reparo en demandar pagos con retroactividad hasta el año 1987, excediéndose en varios años la prescripción que establece la Ley General de la Seguridad Social. Es más, después de haber pagado más de cinco años, algunos artistas han recibido la comunicación de que no les corresponde la pensión contributiva por no haber cubierto los 15 años de cotización a la Seguridad Social.

Es decir, que por un lado la Administración dice ahora que la situación actual de los artistas no es responsabilidad de ellos, pero han asumido la responsabilidad de reclamar pagos que legalmente estaban prescritos. La premisa no es enmendar lo anterior si estaba mal, sino señalarlo como justificación para no repararlo inmediatamente. Aunque siga perjudicando al trabajador artista, se aduce que no puede ser privilegiado con respecto a otros sectores.

"Perjudicar es precisamente lo contrario de privilegiar". Pues los artistas no queremos ni una cosa ni la otra. Ni tampoco se nos puede acusar graciosamente de pretender discriminar a los agricultores, a los manipuladores de plátanos, o a los trabajadores del mar. "Lo que no podemos permitir es que se siga discriminando a los artistas en materia de Seguridad Social".

Por ello, señalamos que cuando la Tesorería General anuncia ahora tener la disponibilidad informática para reclamar a todos los artistas las diferencias de cuotas del año 1994, en el mes de septiembre de 1999, sin compensaciones de ninguna índole, nos hierve la sangre. No queremos que se nos perdone como a los que cometen delitos o faltas, queremos que se nos indemnice como a los afectados por lo que hemos perdido. Los artistas han pagado sus cotizaciones a la Seguridad Social por su trabajo, es la Tesorería la que no ha hecho su "regularización anual". Ahora, la Administración puede reclamar esas diferencias con retroactividad a cinco años a la fecha (no más). Pero, quién compensa a los artistas que se han jubilado con mínimos estos años, porque la Administración no ha hecho la equiparación. El daño es irreparable. Esta desigualdad afectará también a otras prestaciones de los artistas en el presente y el futuro.

¿Cómo van a poder compensar a quienes ya no están? Como Rafaela Aparicio, María Luisa Ponte, Mayrata O"Wisiedo, Margot Cottens, Vicente Parra, Luis Prendes, Rafael Alonso; de un largo elenco, por orden de desaparición, que nos duele mencionar en la memoria de la injusticia irremediable.

Por eso los artistas no pueden esperar hasta el año 2002 para su equiparación, con el pretexto de la renovación de los Pactos de Toledo. Los pactos deberían ser considerados como instrumentos de solución, no de impedimento, porque lo que pretenden es garantizar la viabilidad del sistema de Seguridad Social. Se entiende que para todos, y si algún colectivo importante como el nuestro se les cayó, debería contemplarse si se puede "consultar de manera directa el espíritu de los legisladores", que seguramente no pretendía la discriminación. Nosotros, como artistas, no estuvimos en esa negociación y la referencia de nuestro colectivo tal vez no se tuvo en cuenta por ser un colectivo minoritario. Por ello, creemos que tampoco afectaría tanto a unos Presupuestos Generales del 2000 la reparación de tal agravio profesional.

"No, con las pensiones no se juega". Tampoco con las vidas de los profesionales artistas a los que el sistema ha condenado a jubilaciones míseras o a no tener derecho siquiera a una pensión contributiva.

Jorge Bosso es secretario general de la Federación de Actores del Estado español y de la Unión de Actores de Madrid y presidente del Consejo Europeo de Artistas. Firman también este artículo las actrices Marisa Paredes y Pilar Bardem y los actores Paco Rabal y Héctor Alterio.