El TC suspende de nuevo el decreto andaluz sobre los depósitos judiciales

El pasado 21 de julio, el Tribunal Constitucional le dio a la Junta una buena noticia y otra mala. Por un lado, legitimó la subida de las pensiones no contributivas, y por otro, ordenó un nuevo parón al decreto andaluz sobre el uso de los intereses generados por los depósitos judiciales (por ejemplo, las fianzas de los detenidos). En concreto, el Constitucional suspende una disposición adicional del presupuesto andaluz en la que se incluían estos fondos.

La victoria de la subida de las pensiones no contributivas opacó la publicidad y los discursos oficiales sobre este otro auto del Tribunal Constitucional (TC), notificado el mismo día. Pero es una cuestión de gran importancia para la Administración andaluz. En concreto, y según se asegura desde la Consejería de Gobernación y Justicia, entre 2.000 y 3.000 millones de pesetas. La titular de la citada Consejería, Carmen Hermosín, estaba preparada para recibir la noticia de la decisión del TC de congelar la Disposición Adicional Séptima de los presupuestos de la comunidad andaluza de 1999. En este punto se estipula que el dinero que, según la Junta, le corresponden a Andalucía fruto de los intereses generados por los depósitos judiciales de todo el Estado, acumulados en una cuenta corriente del BBV, se incluirán en un programa presupuestario de Gobernación. Las siete comunidades autónomas con competencias de Justicia reclaman desde hace tiempo este dinero. El Gobierno central mantiene la tesis contraria e incluye estos fondos en la denominada caja única. Andalucía ha sido la más beligerante y en diciembre de 1997, la Junta aprobó un decreto según el cual los intereses de esos fondos se destinarían a sufragar el déficit generado por las transferencias asumidas en Justicia. El Gobierno central recurrió este decreto ante el TC. "Nosotros tomamos la decisión política de incluir en los presupuestos de todos los años estas disposiciones adicionales y al Constitucional no le queda más remedio que echarlo para atrás. Hasta que no se resuelva el recurso contra el decreto seguirá siendo así. Es una pena porque esto tiene una clara solución política", se lamentaba ayer Hermosín. La consejera culpa al Ministerio de Justicia de esta situación y asegura que incluso las autonomías en poder del Partido Popular están a favor de que los intereses de estos fondos se repartan. Andalucía optó por la estrategia de legislar al respecto. Cataluña, sin embargo, se mantuvo a la espera y lo que hizo fue recurrir el concurso público entre las distintas instituciones bancarias (que ganó el BBV) para albergar estos depósitos judiciales. Tan sólo de Andalucía salieron 45.000 millones en este concepto en 1997. Los citados fondos -o mejor, a quién corresponden- son una fuente de controversia importante. El Consejo Consultivo de Andalucía respalda las tesis de la Junta y considera que los intereses de este dinero forman parte de los medios materiales de los que se hizo cargo el Ejecutivo autónomo tras asumir la competencia de manera oficial el 1 de abril de 1997. Otros juristas consideran que no debe desgajarse esta caja. Por el momento y hasta que se resuelva el recurso sobre el decreto andaluz, el TC continúa suspendiendo las disposiciones del presupuesto andaluz porque "podrían perturbar el normal funcionamiento de los servicios".