El precio del fracaso

EL PASADO 16 de abril, el Gobierno anunciaba un paquete de medidas liberalizadoras para controlar la inflación, que incluía vagas disposiciones encaminadas a reducir el precio de los combustibles, y en particular el del gas butano. Desde esa fecha, los ciudadanos han asistido, entre irritados e inquietos, a un aumento escalofriante del precio de las gasolinas, y empiezan a comprobar que la bombona de butano sigue el mismo camino. Su precio subirá hoy 182 pesetas, nada menos que el 16,1%, y llegará al máximo histórico de las 1.313 pesetas. El ministro de Industria, Josep Piqué, explica la escalada del butano por el encarecimiento del crudo y de sus gases licuados en los mercados internacionales. Pero, si es así, ¿por qué el mismo ministro que hoy da esta explicación anunció en abril que la bombona sería más barata? Los precios de los combustibles van en dirección contraria al optimismo propagandístico oficial, amenazan con arruinar el precario equilibrio de la inflación y ponen en ridículo, una vez más, las propuestas liberalizadoras del equipo económico de Aznar.Pero es que, además, el butano no es un combustible cualquiera, prescindible a voluntad por quienes lo consumen. Es una energía doméstica barata, de primera necesidad, que utilizan más de diez millones de hogares en España, cuyos recursos no les permiten acceder a otras opciones energéticas. Así que, además de los efectos nefastos sobre el IPC, su encarecimiento es un golpe durísimo a muchas familias españolas, para quienes resulta prohibitivo que el combustible con el que cocinan durante todo el año y se calientan en invierno haya subido en cuatro meses más del 35%. Si la inflación es un castigo para toda la sociedad, es tarea de los gestores públicos evitar que se ensañe con las familias de economía más modesta. En este sentido, el intento de justificación de Piqué, según el cual la bombona costaría más de 1.500 pesetas sin las medidas supuestamente liberalizadoras, es un sarcasmo que los consumidores no se merecen.

El ministro de Industria tiene que enfrentarse a una realidad desoladora: la liberalización en el mercado de las gasolinas y el butano ha sido un fracaso. En parte, porque no era una liberalización auténtica la que este Gobierno planteaba. Eran tan sólo invocaciones vacías desde el Boletín Oficial, sin capacidad para modificar el funcionamiento real de los mercados. El precio de ese fracaso es que, si el Gobierno quiere realmente bajar los precios de la energía, deberá actuar de forma más directa. En lugar de escudarse en ciclos sobre los que no puede influir, el Gobierno debería recordar que el butano tiene un precio intervenido; que Repsol Butano opera prácticamente como un monopolio, y que, en función de cómo esté evolucionando la cuenta de resultados de la compañía en los últimos meses, el Gobierno puede impedir un castigo innecesario a los bolsillos de los consumidores con menos recursos. Hay precedentes. En enero de 1996 se suspendió la aplicación de precios máximos para evitar una subida de 60 pesetas en la bombona de butano porque el Gobierno consideró que no había razones para que los consumidores pagaran más por un producto de primera necesidad comercializado en régimen de monopolio. Cabe preguntarse si las hay ahora.