Castilla-La Mancha impedirá el futuro almacén de residuos radiactivos de Trillo

Castilla-La Mancha ha decidido enfrentarse a la decisión del Gobierno central de construir en la central nuclear de Trillo (Guadalajara) el primer almacén español en superficie de residuos radiactivos. Para ello, el presidente de la comunidad, José Bono, del PSOE, exigirá al Ejecutivo de José María Aznar que anule la autorización, aprobada en el Consejo de Ministros del 31 de julio, para la construcción del nuevo cementerio. Bono no descarta recurrir a los tribunales contra la decisión del Gobierno, adoptada, según el consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, "de tapadillo y sin negociar".

El Gobierno tampoco parece dispuesto a ceder: el pasado miércoles, el Ministerio de Fomento ordenó al Ayuntamiento de Trillo la modificación de las normas urbanísticas que prohíben expresamente la construcción de cualquier tipo de almacenamiento de residuos radiactivos.En la letra pequeña de la referencia del último Consejo de Ministros antes de las vacaciones veraniegas se despachó, en dos líneas, que el Ejecutivo daba luz verde "a la construcción de un almacén de combustible gastado en la central nuclear de Trillo". El consejero de Obras Públicas de Castilla-La Mancha ha transmitido ya al ministro de Industria, Josep Piqué, su "profunda preocupación" por el tema. El acuerdo del Consejo de Ministros ha sido tomado, según Gil, "con desconsideración y desinformación por parte del Gobierno central, con ligereza y nulo consenso en un tema de tanta trascendencia social y ambiental".

El consejero autonómico de Obras Públicas cree que ni el Ministerio de Fomento ni el Consejo de Ministros han tenido en cuenta el informe remitido por su departamento, el 20 de julio, sobre sus discrepancias con el proyecto. "El Ministerio de Industria habla alegremente de que el almacenamiento es provisional, pero, ¿quién nos asegura de que no es definitivo y que no se van a depositar residuos de otras centrales? No estamos dispuestos a permitir que ni en este municipio ni en ningún otro de Castilla-La Mancha se instale un cementerio nuclear. Requeriremos al Ministerio de Fomento a que anule el acuerdo adoptado. Cuando próximamente se reúna la Junta de Gobierno, decidiremos qué actuaciones se adoptan desde el punto de vista jurídico. El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere dejar clara su rotunda oposición, habida cuenta de la nula negociación que ha mantenido el Gobierno con el Ayuntamiento y con la comunidad autónoma".

La aprobación de la nueva instalación de almacenamiento se ha hecho, según el Gobierno castellano-manchego, IU y los ecologistas, contra la opinión de los habitantes de Trillo, contra las normas subsidiarias del pueblo, que prohíben cementerios nucleares, y contra los 125 ayuntamientos en representación de 500.000 habitantes que firmaron la Iniciativa Legislativa Municipal contra la construcción de cementerios nucleares en Castilla-La Mancha.

Solicitud denegada

El alcalde de Trillo, José Luis Sancho, del PSOE, recibió el miércoles la notificación de Fomento para que se modifiquen las normas subsidiarias que prohíben cualquier tipo de almacenamiento de residuos radiactivos en el municipio. Con arreglo a esas normas, el consistorio ya había denegado a los operadores de la central en 1996 una solicitud para el emplazamiento.La central de Trillo, a pesar de ser la más moderna de España, es la que dispone de menor capacidad para guardar el combustible usado. Actualmente, confina los residuos dentro del edificio de contención, por lo que carece del espacio de otras instalaciones para albergar mayor cantidad. El hueco disponible ahora permitirá operar a la central hasta el 2002. Para mantenerla activa los 40 años previstos (funciona desde 1988), los operadores necesitan espacio adicional para almacenar residuos.

De no contar ya con los permisos necesarios para poner en marcha la construcción del nuevo almacén, la central tendría que parar en el año 2003, según advierte un portavoz de la sociedad que opera la central, de la que son partícipes Iberdrola, con un 48%; Unión Fenosa, con un 34,5%; Hidrocantábrico, con un 15,5%, y la sociedad estatal Nuclenor, con un 2%.

El alcalde de Trillo tampoco descarta recurrir a los tribunales para impedir la construcción del nuevo cementerio. "Al haberse aprobado de esta manera, sin negociar ni pactar nada, me temo que vamos a tener muchas complicaciones", dice García Sancho. "Si vamos al Supremo por la vía de lo contencioso-administrativo para solicitar la suspensión del acuerdo, el trámite puede durar años".

El portavoz del PP en la Comisión de Industria de las Cortes de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, afirmó la pasada semana: "Entiendo que el que a alguien le pongan en el cuarto de estar un almacén de residuos no es nada agradable, pero estas cosas hay que hacerlas en algún sitio".