Ni bula ni justificación

LOS DE Euskal Herritarrok (EH), sucesores de HB, exigen al PNV extender a los ayuntamientos y diputaciones la alianza nacionalista (PNV-EA-EH) que desde hace meses permite gobernar a Ibarretxe en Vitoria. Esa exigencia podría interpretarse como un signo de madurez de ese mundo: se abre paso la apuesta por hacer política en las instituciones, y no resistencia contra ellas. Pero hacer política democrática supone renunciar a la presunción de que ser amigos de ETA otorga una bula especial que permite hacer cosas que no se permiten a los demás partidos. Y EH está todavía lejos de haber interiorizado ese principio.Ayer mismo, sus representantes se negaron a respaldar la condena de los demás grupos del Ayuntamiento de Bilbao contra la brutal agresión que sufrieron de madrugada seis guardias municipales; la víspera, un grupo de furiosos armados con los gritos y pancartas de rigor acosó en San Sebastián, al finalizar la Salve tradicional, al lehendakari Ibarretxe, agrediendo a sus escoltas. En la Parte Vieja, considerada por ellos zona nacional, donde el lunes pasado fue también acosada y agredida una concejal socialista. La portavoz de EH respondió a las peticiones de que se sumara a la condena de esas agresiones diciendo que las mismas demuestran que "no es cierto" que San Sebastián viva sus primeras fiestas en paz, como dijo el alcalde socialista Odón Elorza. Es un argumento irrebatible.

En la misma ciudad, el jueves pasado tuvieron que ser retirados de la circulación 23 autobuses municipales objeto de pintadas que reivindicaban la liberación de los presos de ETA y tildaban de asesinos al PP y al PSOE. Estos dos partidos obtuvieron en San Sebastián el 13-J el 50,5% de los votos. Euskal Herritarrok fue la cuarta fuerza, con el 19,5%. La presencia de dos de sus representantes como vocales en la compañía municipal que gestiona el transporte público de la ciudad no les ha animado a condenar las pintadas, ni las demás manifestaciones de la kale borroka, ese "instrumento de lucha", en palabras recientes de Arnaldo Otegi.

El portavoz de EH dice estar "harto de que se nos adjudiquen cosas que no son de nuestra responsabilidad", pero el problema es justamente de irresponsabilidad. EH, como antes HB, nunca es responsable de nada. No se responsabiliza de los efectos de lo que dice o hace. O considera legítimo recurrir a la intimidación, o no lo considera. O admite que la ley debe aplicarse (intentando cambiarla pacíficamente, en su caso), o piensa que quienes la vulneran en nombre de su causa gozan de impunidad. En la mejor de las hipótesis, se trata de una inercia, residuo de los tiempos en que HB sólo respondía ante ETA. Si ahora no es así, debe demostrarlo. Porque mientras no se oponga a los intentos de coacción de quienes no comparten su fe, EH no podrá ser considerado un partido democrático como los demás.

Ibarretxe retrasó mucho la firma del acuerdo de legislatura para asegurarse de que la renuncia de EH a la violencia era efectiva. La vuelta de la kale borroka y la marcha atrás de los que en un momento parecieron desmarcarse de ella han dejado al lehendakari en una situación comprometida. No deja de recordar que hacer política es incompatible con el mantenimiento de la violencia, pero ni una sola vez se olvida de compensar ese reproche con otro dirigido al Gobierno por su política penitenciaria. Esa política es discutible, pero es lamentable que el lehendakari -que es algo más que portavoz de un partido- repita lo que nadie puede dudar que será interpretado como una justificación por los jefes de quienes el sábado le acosaban en Donosti y le amenazaban con partirle la cara al grito de "presos vascos, a Euskal Herria".