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Partidos y ONG piden que la sanidad pública cubra los abortos de las inmigrantes irregulares

Encarceladas las chinas que practicaron un millar de interrupciones ilegales de embarazos

Partidos de izquierda (PSOE e IU), ONG y la Asociación de Mujeres Themis pidieron ayer que la sanidad pública cubra los abortos de las inmigrantes indocumentadas. Fue su respuesta tras conocerse el jueves que un millar de inmigrantes chinas irregulares y prostitutas habían abortado ilegalmente en Madrid desde 1993. El juez ordenó ayer el ingreso en prisión de las dos chinas que presuntamente practicaron los abortos, Fang C. y Shaohua H. Ambas negaron los hechos y alegaron poseer el título chino de ginecología.

El juez imputa a las dos mujeres un delito de práctica ilegal de abortos. Fang C. está acusada, además, de inducción a la prostitución. Ninguna aportó ante el juez título alguno que acreditase su condición de ginecólogas.María Durán, presidenta de Themis, asociación de 350 mujeres juristas, abogó por la despenalización total del aborto mediante un sistema de plazos y la universalización del servicio público de salud para evitar que las inmigrantes irregulares aborten en centros sin condiciones. "No sólo tienen problemas para abortar las inmigrantes, también las españolas, porque la legislación sólo ha despenalizado los supuestos de violación, malformación del feto o peligro para la salud física o psíquica de la madre ", denunció.

La vicepresidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos, Nieves Botella, se extrañó de la sorpresa de la Administración por la existencia de clínicas clandestinas. "Si la legislación sobre el aborto es raquítica para las españolas, cómo no lo va a ser para las inmigrantes irregulares que, además, viven con miedo y no se fían", dijo. Isabel Serrano, ginecóloga y portavoz de la Federación de Planificación Familiar, cree que la red pública sanitaria debe atender las necesidades de anticoncepción y de elección del número de hijos de todos los ciudadanos, sean o no inmigrantes. "Algunas tienen dificultades añadidas porque desconocen el idioma", matizó.

Según Micaela Navarro, de la Secretaría para la Mujer del PSOE, "en España hay muchas mujeres que abortan en las mismas condiciones que las chinas". Insistió en la necesidad de aprobar una legislación del aborto "menos restrictiva y menos hipócrita". Susana López, portavoz de IU en temas de inmigración, coincidió con Navarro: "¿Cómo van a tener derecho a abortar si casi no lo tienen las españolas?", preguntó. También recordó que su grupo presentó una proposición, "que no pasó", en el Congreso para que se reconociera el derecho a la sanidad gratuita de todas las personas. El PP no quiso hacer ayer declaraciones al respecto.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo consideró que "las leyes restrictivas reguladoras del aborto voluntario conllevan la existencia de redes clandestinas, con el peligro que suponen para la salud".

Las inmigrantes en situación irregular pueden abortar en clínicas privadas autorizadas, ya que en ellas sólo se les pide un documento que las identifique. El problema es que estas mujeres a menudo ni saben que existen y, además, cuestan dinero. En dichas clínicas la interrupción del embarazo cuesta entre 45.000 y 200.000 pesetas (en los centros ilegales desmantelados el miércoles se cobraba unas 50.000), salvo en algunos casos en que se realizan intervenciones gratuitas.

La situación es la misma en todas las comunidades autónomas, aunque tengan transferidas la sanidad. A las inmigrantes irregulares que acuden a urgencias de un hospital público en Euskadi con un embarazo que entraña riesgo para su salud se les practica un aborto, informa Naiara Galarraga. Para el resto de los casos, sólo les queda acudir a una clínica privada. "Es muy difícil que los abortos programados acaben en un hospital público", aseguraron ayer fuentes del Departamento vasco de Sanidad.

En algunas ciudades como Madrid hay centros de salud municipales que atienden gratuita y anónimamente a las pacientes, pero no pueden realizar abortos. En Madrid hay censados más de 21.000 chinos, pero sólo 31 de las 1.321 mujeres inmigrantes que acudieron el año pasado a un centro municipal eran chinas o filipinas, por lo que el Ayuntamiento va a editar un folleto en chino para informar acerca de este servicio. La asistencia médica también es gratis en centros de Médicos del Mundo y en los de otras ONG, pero en todos ellos envían a las mujeres que quieren abortar a clínicas privadas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 14 de agosto de 1999