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Tribuna:EL ESTADO DE BIENESTAR, A DEBATE

Pensiones : ¡ ya está bien !

El autor denuncia la manipulación política y asegura que el Pacto de Toledo ha fracasado.

La manipulación y el abuso que vienen produciéndose en este país, desde hace años, alrededor del tema de las pensiones son, sencillamente, escandalosos. Conviene hacer una breve historia, tal y como yo la veo, de tan desgraciada trayectoria y, puesto que el río suena, ver la manera de encauzar unas aguas que, preñadas de ramaje seco arrojado desde todas las riberas, amenazan con llevarse por delante el débil esfuerzo que se ha realizado hasta la fecha.En estos momentos hay en España 7,5 millones de pensiones contributivas, cuyo importe medio mensual es de 74.000 pesetas, y casi medio millón de pensiones no contributivas de 38.000 pesetas de media mensual. Sólo estas cifras suponen un gasto anual de más de ocho billones de pesetas, sin contar gastos de administración.

El ex presidente del Gobierno Felipe González abrió la caja de Pandora en la campaña de las legislativas del 93, de la que posteriormente se han derivado todos los males. Amenazó con que si el PP ganaba las elecciones reduciría las pensiones, indicando la cifra con un detalle que ningún creativo de publicidad se hubiera atrevido a precisar.

Seguramente asustado por la energía liberada por el experimento, el último Gobierno socialista facilitó la génesis del Pacto de Toledo, cuyos inicios hay que buscarlos en una iniciativa parlamentaria de CiU. Seguramente lo hizo con la ingenua esperanza de que ya nadie más utilizara tan poderosa arma electoral en lo sucesivo. Pero el ejemplo cundió profusamente.

El presidente Aznar también ha hecho de las pensiones uno de sus temas favoritos: se ha convertido a sí mismo en su máximo defensor, revalorizándolas por encima de la inflación registrada, a pesar de sus propios compromisos en contra. También ha experimentado el placer y el poder de cambiar la orientación de cientos de miles de votos con leves impulsos al timón de las pensiones. Cada medio punto del IPC en que se actualizan las pensiones por exceso supone 50.000 millones de pesetas al año y medio billón a largo plazo.

Estos ejemplos han calado hondo en la clase política de nuestro país y, así, el presidente Chaves se acordó un buen día de que él también tenía unas 100.000 pensiones no contributivas que mejorar, a las que una subida de 700 pesetas al mes le suponían 1.000 millones al año, pero un compromiso a largo plazo 10 veces mayor.

Al president Antich, la misma medida le saldría mucho más barata: 77 millones al año, y a cambio se lleva una publicidad descomunal. El president Pujol sabe muy bien lo que se hace y, para él, el turno de las pensiones no consiste solamente en subir las no contributivas. Se trata además de un problema de inflación diferencial, ya que el IPC ha subido más en Cataluña que en el resto, y esto afecta a todas las pensiones, contributivas o no.

Mientras tanto, se consolidan afirmaciones y mitos sobre el tema que para nada se justifican. Expresiones como "la caja única de las pensiones" o "todas las pensiones son iguales" carecen de sentido. La realidad es mucho más compleja. No hay una caja única, porque las pensiones no contributivas no tienen nada que ver con las contributivas. Si una comunidad quiere complementar la renta de sus ciudadanos más pobres, en vez de construir infraestructuras, que lo haga sin reparos de otras comunidades autónomas ni del Gobierno central, pero con sus propios recursos. Pronto descubrirá los límites de tales políticas y cuando no reciba caché político por ello dejará de hacerlo.

Tampoco se sostiene el igualitarismo en materia de pensiones. En el País Vasco, por ejemplo, la pensión media mensual es de 93.000 pesetas, y en Galicia, de 62.000, debido a que los pensionistas tuvieron distintos perfiles de ingresos durante su vida activa. ¿Hay que igualar por la fuerza las pensiones que el esfuerzo contributivo ha hecho justamente diferentes? La inflación, por fin, ha perjudicado menos a los hogares de pensionistas que al resto de los hogares, y, con toda seguridad, a cada hogar de manera diferente; ¿haríamos por ello un IPC para cada hogar de pensionistas?

Hay que acabar cuanto antes con la sobrepuja de las pensiones. Pero el río suena demasiado y, por lo tanto, agua lleva. En primer lugar, los ciudadanos debemos exigir a los políticos que se aten las manos firmemente en materia de pensiones; es decir, que dejen de manipularlas a discreción cuando les conviene. Para ello, el Congreso ha de tomar la iniciativa, y hacerlo de manera permanente a través de una comisión que interrogue y escuche a los responsables del sistema, responsables autonómicos y expertos y fiscalice el cumplimiento de los acuerdos vigentes.

El Pacto de Toledo ha fracasado. No ha impedido este estado de cosas debido a que sus disensos entre líneas son más numerosos que sus consensos explícitos. No es cuestión de renovarlo, sino de encontrar un mejor y más firme compromiso.

¿Qué hacer con las pensiones contributivas más bajas? La idea de fijar un mínimo digno es sin duda atractiva. Pero el salario mínimo interprofesional ha de ser mayor que la pensión mínima, por razones tanto de equidad como de eficiencia. El aumento más que proporcional de las pensiones más bajas puede hacerse sin que la actualización global supere al crecimiento del IPC mediante una subida lineal de todas las pensiones. Ello supondría, no obstante, un trato discriminatorio hacia las pensiones elevadas, que ya tienen un tope de cobertura del 75% de la base máxima de cotización. Recuérdese que las pensiones contributivas no se regalan, se corresponden con el esfuerzo realizado en el pasado. Tan imperfectamente, sin embargo, que por cada peseta cotizada reciben mucho más los pensionistas con bajas pensiones que aquellos con pensiones elevadas. No veo muy justificado seguir ahondando en la discriminación.

Respecto a las pensiones no contributivas, su mejora dentro de ciertos límites debería ser competencia de las CC AA, y el Gobierno central no debería dar tanto pábulo a los fuegos artificiales que se organizan alrededor. Los responsables autonómicos saben muy bien que sus recursos son limitados. Lo que hace falta es que funcione la responsabilidad fiscal y que el Gobierno central no rescate a las regiones dilapidadoras al cabo del tiempo.

¿Qué más hay que hacer? Otros dos mitos: descentralización y privatización. Aunque el ruido actual no permita entenderlo claramente, hay un run run de descentralización del sistema contributivo de pensiones. Hablemos de ello, pero sepan quienes son aficionados a esto que, por ejemplo, en Madrid o Canarias hay casi tres cotizantes por pensionista, frente a poco más de uno en Galicia, Asturias, Cantabria o Castilla y León.

¿Es concebible que un sistema profesional de pensiones se descentralice? Ello es relativamente inocuo cuando las pensiones son de capitalización, ya que el protagonista de la descentralización es el propio beneficiario. Pero, en un sistema de reparto, la relación entre cotizantes y pensionistas es crítica para su equilibrio financiero. Por ello anticipamos graves problemas financieros para dentro de 20 años y por eso, hoy, el hipotético sistema de pensiones contributivas gallego tendría considerables dificultades financieras, mientras que el canario gozaría de buena salud.

Sin embargo, hay que hablar de la privatización y hay que hablar de la descentralización. Aunque no sea aconsejable acometerlas ni hoy ni completamente, con objeto de discernir las mejores alternativas ante las restricciones financieras y políticas en las que nos movemos. Para evitar, precisamente, que estas cuestiones tan importantes se conviertan en mitos insondables, en anatemas paralizantes o en moneda de cambio de las peores prácticas políticas. Ambas cuestiones son de naturaleza política y económica a la vez y están, en cierta medida, relacionadas.

La descentralización de un sistema profesional de pensiones de reparto puede hacerse incluso con diferentes fórmulas de pensiones, aunque su variabilidad estaría muy limitada por el principio de proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones que sería descabellado ignorar. Pero hay algo que la decencia política debería dejar resuelto: la compensación interterritorial de los desequilibrios que se manifestarían al desdoblar el sistema centralizado.

Calculando incluso el valor presente de los compromisos contraídos frente a pensionistas y cotizantes existentes antes de la descentralización y buscando una fórmula de garantía para las compensaciones necesarias. Esto puede ser muy complicado, lo que, unido al tamaño de los desequilibrios previsibles en las diferentes comunidades, aconsejaría no precipitarse. La tentación entre algunos líderes autonómicos y nacionalistas puede ser fuerte, pero harían bien en ser moderados y racionales en esta materia.

La privatización de, por ejemplo, la mitad del sistema de reparto resolvería en buena medida el problema de la descentralización. Podría hacerse permitiendo que los cotizantes actuales de menos de una cierta edad y todos los trabajadores que se incorporen en el futuro al mercado de trabajo trasladaran una parte sustantiva de sus cotizaciones a planes y fondos de pensiones obligatorios. De nuevo, las cosas son complicadas, ya que inmediatamente el sistema público registraría fuertes déficit, aunque a largo plazo la situación podría llegar a ser la contraria. Sin embargo, éste es el momento de hacer algo parecido, calculando bien las consecuencias de ello. El Gobierno nos dice que gracias al empleo creado en los últimos años se ha resuelto el problema financiero de la Seguridad Social. Éste es otro mito frente al que hay que decir que toda peseta en la que aumenta la cotización hoy supone un derecho de pensión en el futuro. La actual bonanza de afiliaciones apenas atrasa unos pocos años la agudización de los problemas futuros. Cuando los analistas hablamos del déficit del sistema de pensiones no nos referimos al rabioso presente de los políticos. Un cotizante actual de 40 años se jubilará en el 2024 y recibirá, en forma de pensión, un rendimiento real del 1,5% sobre cada peseta cotizada, la mitad de lo que da hoy un bono a 30 años.

José Antonio Herce San Miguel es director de FEDEA.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 13 de agosto de 1999