Educación estudia demandar a padres que falsearon datos

Los servicios jurídicos de la Delegación de Educación de Málaga tienen en su mano una patata caliente: determinar si los padres que falsearon datos de la declaración de la renta para conseguir una plaza para sus hijos incurrieron en un delito y si procede poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. En caso afirmativo, la Delegación dejará que sea la Consejería la que inicie las acciones legales. Un cruce de datos con Hacienda, detectó un 27% de falsificaciones. "Hemos dado instrucciones a la asesoría jurídica para que estudie si esa mentira constituye un delito y si podemos o tenemos la obligación de acudir a Fiscalía". Juan Alcaraz, el delegado en Málaga, informó que Educación ha remitido requerimientos a los padres para que hagan sus alegaciones. El objetivo es resolver todos los casos antes de fin de mes para que, con la baremación real, estos alumnos participen en un sorteo por las plazas. Un cruce de datos entre la administración educativa y Hacienda permitió constatar que un 27% de las declaraciones del IRPF que fueron presentadas por los progenitores para obtener los puntos por renta había sido manipulado. La Delegación de Málaga fue la única de toda la comunidad autónoma que hizo el cruce de datos. "Desde hace tiempo teníamos la sensación de que todo el mundo engañaba, pero este año es el primero en que se ha hecho esta investigación, precisó. En total, se estudiaron más de 200 expedientes, de los que 61 arrojaron falsificaciones. Algunas de las declaraciones habían sido manipuladas con tipex, mediante fotocopias o simplemente con la presentación incompleta de la documentación. Acuerdo por la Educación Alcaraz hizo estas manifestaciones durante la presentación de las propuestas de la Junta para un Acuerdo por la Educación, que pretende cerrar antes del inicio del curso con asociaciones de padres, sindicatos y organizaciones empresariales. El borrador incluye varias novedades con respecto al acuerdo alcanzado hace dos años con CCOO y UGT: prevé que la enseñanza de la primera lengua extranjera se adelante de los ocho a los tres años, que a esa edad se inicie la preparación en informática, la creación de una empresa pública que gestione la organización de actividades extraescolares y la homologación salarial de los profesores, tanto de los centros públicos como los concertados, con la media del resto de las autonomías.