600 dañados por la presa de Tous demandan a España en Estrasburgo

Un total de 596 perjudicados por el derrumbamiento de la presa de Tous (Valencia) en 1982, además de las asociaciones Afiva y Apemeda (que representan a más de 2.000 damnificados), presentaron ayer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, una demanda contra España. Alegan que el Estado, al convenir con ellos una indemnización, se aprovechó de su situación.

La demanda invoca varios derechos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Uno de ellos es el derecho a tener acceso a la justicia. Los demandantes lo consideran vulnerado cuando, dada la situación económica en que se encontraban, se vieron obligados a convenir con la Administración unas indemnizaciones que sólo les compensaron del 20% o, en el mejor de los casos, del 50% de los daños producidos.La opción por la indemnización administrativa, con renuncia a la vía judicial, la acogieron unos 23.000 perjudicados del total de unos 28.000 existentes, aunque sólo los 596 ahora demandantes y las dos asociaciones citadas recurrieron ante el Tribunal Constitucional, por lo que han agotado la vía interna y pueden demandar a España en Estrasburgo.

Los más de 5.000 damnificados que prefirieron la vía judicial obtuvieron, tras un largo y tortuoso proceso que concluyó en 1997 en el Tribunal Supremo, unas indemnizaciones más ajustadas a la realidad. De ahí que los casi 600 demandantes aleguen también el principio de igualdad.

El Estado creó dos grupos

Aunque la opción por una vía u otra fue voluntaria, la demanda presentada ayer en Estrasburgo, entre otros letrados, por el abogado Luis Bonora, razona que el ciudadano no está en situación de igualdad frente al Estado, y que éste, cuando creó dos grupos de damnificados -los que prefirieron esperar el proceso judicial y los que, por necesidad o por otros motivos, optaron por una indemnización administrativa, más rápida-, en la práctica bloqueó su derecho a acceder a la tutela judicial de los tribunales.La demanda explica que, mediante tal actitud, la Administración se aprovechó de la extrema necesidad de quienes confiaron en ella, obteniendo de ellos la firma de unos convenios abusivos, como se ha demostrado por el desenlace de las reclamaciones encauzadas por vía judicial, que han logrado indemnizaciones superiores.

La actitud de la que acusan al Estado sirve también a los demandantes para invocar que la Administración española vulneró el derecho a la igualdad al colocar en peor situación precisamente a los que, por su penuria económica, no pudieron aguardar el largo proceso judicial.

Por último, los demandantes invocan el derecho de propiedad y el respeto a los bienes, que consideran conculcado por España al concederles indemnizaciones tan escasas.

Xavier Sierra, presidente de Afiva, una de las demandantes, declaró que el Estado español no ha respetado "los derechos de los damnificados a una justicia sin dilaciones indebidas, moderna y democrática", informa Xavier Espanya. Por su parte, desde el gabinete de abogados de Bonora se señaló que el objetivo que persigue este recurso es el de "igualar a todos los damnificados, tanto los que cobraron por convenio como por resolución judicial".