Gil recurre para paralizar la inspección del Tribunal de Cuentas
Jesús Gil ha colocado un palo en la maquinaria legal para obstruir la investigación del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) que acababa de iniciar el Tribunal de Cuentas. Gil ha presentado el pasado martes un recurso ante ese tribunal, con el que pretende detener y suspender la fiscalización que ya había iniciado ese organismo sobre las cuentas de la corporación marbellí en los últimos 10 años (1990-1999). Esa iniciativa es probable que desencadene la convocatoria de un pleno del tribunal en agosto, ya que en caso de que no diera una respuesta en el plazo de un mes el silencio administrativo conllevaría la paralización de sus investigaciones. La tesis existente en medios jurídicos es que el recurso es inconsistente y, por tanto, será desestimado. Pero Jesús Gil podrá aprovechar ese pronunciamiento para recurrir ante la Sala de lo Contecioso-administrativo del Tribunal Supremo, al que podría pedir el cese cautelar de la inspección del Tribunal de Cuentas en tanto la Sala decide sobre el fondo del asunto -la duplicidad de investigaciones por parte del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía-. De ese modo ganaría tiempo para llegar a las elecciones generales, a las que se va a presentar, sin tener las cuentas municipales bajo una exhaustiva investigación. Investigación en marcha La fiscalización del Ayuntamiento presidido por Gil había arrancado a comienzos de este mes, tras dejar trascurrir las elecciones municipales y la formación de la nueva corporación, bajo la dirección del consejero del Tribunal de Cuentas responsable del Departamento de Corporaciones Locales, Andrés Fernández, catedrático de Política Económica de la Universidad Complutense. Dos altos funcionarios de su departamento viajaron a Marbella y, entre otras iniciativas, entregaron a Gil un cuestionario sobre datos que se le requieren. La respuesta del alcalde no ha tardado en llegar: un recurso para detener la investigación de las cuentas municipales. El escrito pide la suspensión de la fiscalización y la anulación de la decisión de emprender la inspección. El recurso, presentado por el abogado José María del Nido Benavente, que explicó a este diario su iniciativa, alega que la fiscalización de las cuentas de Marbella debió ser decidida por los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado y no por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. No obstante, ésa es la instancia parlamentaria que encarga al tribunal las fiscalizaciones que éste luego realiza y quien aprueba sus informes. Asimismo, el representante de la corporación marbellí aduce que las responsabilidades contables prescriben a los cinco años y que las sociedades participadas por la corporación municipal tienen personalidad jurídica propia, por lo que el tribunal debe dirigirse a ellas. Tras esas alegaciones, el abogado expresa que la corporación marbellí está "encantada" de colaborar con el tribunal.
