Demanda civil contra Alperi por desobedecer al Síndic de Greuges

La hostilidad de la que constantemente hace gala el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, hacia la figura del Síndic de Greuges, cuyas solicitudes de informes no suele atender pese a las leyes que le obligan a ello, ha acabado en los tribunales de justicia. Francisco Huesca, vecino de Alicante y portavoz de las asociaciones Salvem el Benacantil y Amigos del casco antiguo, formalizó el lunes una demanda civil contra los concejales del equipo de gobierno, y subsidiariamente contra el alcalde Luis Díaz Alperi, por un presunto delito de desobediencia y obstaculización de investigaciones oficiales. En la denuncia, Huesca relaciona con detalle cinco quejas que tramitó hace meses ante el Síndic de Greuges o el Defensor del Pueblo, sin que éstos hayan podido pronunciarse al carecer de la información necesaria, que reiteradamente niega el Ayuntamiento. Entre las diligencias judiciales solicitadas para aclarar los hechos, el denunciante solicita la toma de declaración del ex Síndic, Arturo Lizón, y del letrado Luis Fernando Saura, actual responsable del servicio, que ha declarado formalmente al Ayuntamiento de Alicante como institución "hostil" y "entorpecedora" por el mismo motivo. También se pide la declaración de Antonio Uribarri, adjunto segundo del Defensor del Pueblo, y de la abogada Julia Sevilla, ex adjunta del Síndic. El propio Luis Fernando Saura ha reconocido en las últimas semanas que la institución que preside el popular Díaz Alperi es una de las que se muestra más remisa a facilitar información sobre quejas ciudadanas. En su informe anual, que presentará en los próximos días, Saura requerirá a las Cortes valencianas para que apliquen un correctivo a éste y otros alcaldes, así como a responsables de algunas consejerías, por desatender a una institución soberana cuyo funcionamiento está amparado por la Constitución. Trámite La demanda civil ha sido registrada ante el decanato de los juzgados de Alicante, que deberá decidir ahora si admite su tramitación y, en caso afirmativo, la comparecencia de las autoridades para aclarar la situación y determinar si continúa adelante con las imputaciones. La actitud hostil del alcalde de Alicante, conocida por la opinión pública a través de una carta que Saura remitió a Huesca en la que le comunicaba la imposibilidad de pronunciarse sobre una queja por falta de información, no es compartida por el PP, que sin embargo se ha negado a valorar la polémica. El propio alcalde rehúye cualquier comentario al respecto, aunque algunos departamentos municipales, sobre todo el de Urbanismo, continúan sin atender los expedientes abiertos por el Síndic, cuando algunos de ellos se remontan a más de un año y las obras denunciadas ya se han consolidado.