El Ministerio de Agricultura se compromete a retirar la apicultura del decreto sobre circulación de ganado

El Ministerio de Agricultura se ha comprometido a que el real decreto que tiene previsto aprobar sobre circulación y comercio de animales y centros de concentración de ganado no afecte a la apicultura. El compromiso de Agricultura llegó ayer tras una reunión entre una delegación de la Unió de Llauradors-COAG con representantes de Agricultura encabezados por el subsecretario del ministerio Manuel Lamela. La normativa había sido cuestionada por la Unió de Llauradors i Ramaders-COAG, ya que equiparaba la apicultura con el resto de actividades ganaderas, obligando a realizar una serie de tratamientos desinfectantes a los vehículos en los que se transportan las colmenas que hubieran matado a las abejas, al tiempo que también obligaba a comunicar con una antelación de dos meses la ubicación de las colmenas, lo que es muy complicado, ya que los apicultores se trasladan de un sitio a otro dependiendo de la floración. Todas estas exigencias ponían en peligro la actividad de los apicultores de la Comunidad Valenciana, la primera productora de miel de España y la segunda autonomía en número de colmenas, por detrás de Extremadura. Lamela expresó al finalizar la reunión la necesidad de negociar una regulación y ordenación de la actividad apícola, aunque señaló que será una normativa específica para este sector "dada su singularidad como especie ganadera", dijo el subsecretario de Agricultura. Por su parte, Carles Barberá, responsable del sector apícola de la Unió de Llauradors, señaló que los responsables del ministerio "reconocieron su culpa en el retraso de la interlocución con el sector", y expresó su satisfacción por el acuerdo con Agricultura. "Se trata de un compromiso que hace justicia a nuestras legítimas reivindicaciones, pues era de sentido común que la apicultura no fuera incluida dentro de ese real decreto, ya que hubiera supuesto el fin de la actividad, tanto por las limitaciones que imponía como por la elevada cuantía de las multas por incumplimiento. Barberá también valoró el hecho de que se redacte una normativa específica para el sector. "De esta forma, se paliará el vacío legal en lo que se refiere a esta actividad y se podrán establecer prioridades para los apicultores profesionales, cuyo sistema productivo se basa en el traslado de colmenas de unas comunidades a otras para aprovechar mejor los recursos naturales", dijo ayer Barberá.