La convivencia amenazada FRANCESC BOLDÚ I MARTÍNEZ

¿Llevaría a su hijo a un colegio con alumnos "problemáticos" si puede llevarlo a otro donde no hay ninguno así? ¿Procuraría llevarlo al colegio del barrio con menos alumnos "conflictivos"? ¿Cree que todos los alumnos "con problemas" habrían de estar separados de los demás en un aula especial (UAC)? ¿Le parecería bien que se les pudiese expulsar 40 días sin necesidad de concluir un expediente sancionador? ¿Cree que los alumnos "más conflictivos" deberían estar recluidos en centros especiales? Supongamos, de otra parte, que usted tiene un hijo de doce, trece o catorce años con algún que otro comportamiento "conflictivo". ¿Le parecería justo que se le obligase a ir a unos determinados centros junto con otros alumnos "problemáticos"? ¿Cómo repercutiría esto en el desarrollo educativo de su hijo? ¿Y en su futuro comportamiento social? Ante estas preguntas que afectan a la actual "selectividad escolar" cabe afirmar tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, que todos los alumnos "problemáticos" deberían estar repartidos en "todos" los centros de su respectiva zona escolar -con el fin de evitar guetos de marginación-. En segundo lugar, que hay que cambiar lo que actualmente se hace en los colegios -el currículo-, ya que éste no sólo no funciona con los alumnos "más problemáticos", sino tampoco con un importante sector de los "no problemáticos". En tercer lugar, que es necesario acometer simultáneamente profundas reformas en ámbitos tan diversos como el ideológico (actitudes no discriminatorias), el laboral (reorganización de las actividades del profesorado y creación de un personal auxiliar de las tareas docentes), la reforma de las instalaciones (actualmente inadecuadas para actividades prácticas), el económico (presupuestos insuficientes), etcétera. La existencia de colegios de cinco, cuatro, tres, dos, una o ninguna estrella -e, incluso, de colegios que, como los restaurantes de elite, aparezcan en el Guía Michelin- es inevitable. No hay ninguna objeción a que quien quiera un colegio selecto se lo pague de su bolsillo, pero es inadmisible que se utilicen fondos públicos para fomentar esa discriminación. Actualmente casi todos los centros se sostienen con fondos públicos - los "concertados" seleccionan a su alumnado en función de criterios económicos e ideológicos, mientras los de la Administración acogen a todo tipo de alumnos, incluyendo los que los otros rechazan. Esta situación es muy grave. Amenaza la convivencia escolar y la futura convivencia social al potenciar una sociedad discriminatoria, competitiva, enfrentada e insolidaria. Da lugar a una doble red escolar que privilegia al alumnado de los centros "concertados". Abandona el modelo integrador eficazmente aplicado en el idioma (en Cataluña no hay centros "para catalanohablantes" y centros "para castellanohablantes", a pesar de los delirios de la inefable Esperanza Aguirre y de su propuesta de un "Colegio Español" en Cataluña). Concreta el programa educativo de la derecha en sus aspectos económicos (cicatería de inversiones), pedagógicos (burocracia del Departamento de Enseñanza), ideológicos (predominio del sector demócrata-cristiano, el más conservador de la coalición gobernante en Cataluña), en el clientelismo político (potenciación de entidades privadas educativas concertadas, como el Opus Dei y otras) y de modelo social (conservador, insolidario y mantenedor de privilegios). Finalmente chantajea a la enseñanza pública a aceptar sin rechistar esta situación, porque cualquier protesta contribuye a empeorarla, lo cual va muy bien a quienes defienden tal objetivo. Sólo desde la inocencia y la virginidad política es posible imaginar un cambio voluntario de timón en las autocomplacientes derechas cuyos pactos de gobierno les permiten afirmar, sin el menor rubor, que "España y Cataluña van bien". Es como pensar en un cazador para la redacción de una ley justa de defensa de los derechos de los conejos. Ante la gravedad -presente y futura- de esta situación, cabe preguntar a las fuerzas progresistas de Cataluña si tienen algo que decir. ¿Qué opinan sobre el modo cómo se está aplicando la LOGSE? ¿Qué piensan del actual reparto discriminatorio del alumnado? ¿Creen que lo que se hace en los centros -el actual currículo- permite atender satisfactoriamente a alumnos con necesidades educativas tan diversas? ¿Piensan que ya se destina suficiente dinero a educación? En resumen, señores Maragall, Carod-Rovira, Ribó, ¿tienen alguna alternativa de izquierdas? ¿O esperarán a que la ruptura de la convivencia se haya consolidado en Cataluña para arreglar la fractura social?

Francesc Boldú i Martínez es doctor en Ciencias de la Educación, doctor en Psicología y profesor del IES Carles Riba de Barcelona.