El Tribunal Constitucional avala la subida de las pensiones aprobada por el Gobierno andaluz El alto tribunal niega que la medida quiebre la unidad de caja de la Seguridad Social

El Tribunal Constitucional ha dado la razón a la Junta de Andalucía cuando a finales del pasado mes de diciembre aprobó incrementar con fondos propios en 9.395 pesetas las pensiones por jubilación e invalidez en sus modalidades no contribituvas de 107.500 andaluces. El alto tribunal dictó el pasado 21 de julio dos autos en los que levanta la suspensión de dos decretos aprobados por el Gobierno autonómico y contra los que el Ejecutivo central presentó sendos recursos de conflicto de competencias. La resolución del Constitucional supone un fuerte varapalo para las tesis del PP, cuyos dirigentes acusaron al presidente de la Junta, Manuel Chaves, de poner en riesgo la unidad de la caja única de la Seguridad Social.

El Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, aunque fuentes jurídicas consultadas dudan de que la resolución final difiera de los argumentos que constan en los autos conocidos ayer. El alto tribunal levanta, hasta en tanto no dicte sentencia en firme, la suspensión de dos decretos aprobados por la Junta de Andalucía el 30 de diciembre de 1998 y el 9 de marzo de 1999. En el primero de ellos, el Consejo de Gobierno aprobó una subida complementaria de las pensiones no contributivas en un 1,8%, lo que sumado al otro 1,8% consignado por el Ejecutivo central para todas las Administraciones, supuso un aumento total del 3,6%. En un decreto aprobado el 9 de marzo (y que el Gobierno andaluz ocultó en su referencia oficial), la Junta decidió abonar las 9.395 pesetas de ayuda de una tacada, cuando en principio estaba previsto que el pago fuera trimentral. El Tribunal Constitucional considera en sus fundamentos jurídicos que la Junta de Andalucía tiene competencias en materia de asuntos sociales para pagar con fondos propios la ayuda complementaria y rebate el argumento expuesto por el representante legal del Gobierno de la nación acerca de que la medida rompe la unidad de caja de la Seguridad Social. Asegura el Constitucional, según recoge un comunicado de la Junta, que "los argumentos del abogado del Estado no resultan convincentes" y "aparecen formulados con un grado de generalidad que no pueden ser relevantes". Y añade que el decreto de la Junta ha sido dictado "al amparo de su competencia exclusiva en materia de asistencia y servicios sociales y ello debe presumirse legítimo hasta que recaiga una resolución sobre el fondo del asunto". El Tribunal Constitucional agrega que "lo propio ocurre con la alegada perturbación del sistema de caja única de la Seguridad Social (...), pues la ayuda controvertida corre a cargo de los fondos propios de la Junta de Andalucía", por lo que "los fondos procedentes del Estado del sistema unitario no quedan en entredicho de modo directo, ni se detallan las interferencias que indirectamente pudieran producirse" También da la razón a la Junta, cuando evalúa el argumento esgrimido por el abogado del Estado de que el interés de los perceptores de las pensiones no puede superponerse al interés general. Para el árbitro constitucional, el de los pensionistas "es el interés preponderante, ya que se trata de paliar situaciones de necesidad que afectan a personas de edad avanzada y con importantes minusvalías, pudiendo ser de imposible reparación la paralización de la percepción de la ayuda anual de 9.395 pesetas". Abunda el Constitucional en este argumento al indicar que, "aunque la existencia de tal interés deberá contrastarse con el interés general, es claro que el escaso monto de la ayuda, su carácter excepcional y su percepción por una sola vez, unido todo ello a que es sufragada con fondos propios de la Comunidad Autónoma, sin que se generen por ello derechos oponibles frente a los recursos estatales del Sistema de Seguridad Social, determina que aquel interés de los beneficiarios deba ser especialmente tutelado". El presidente de la Junta, Manuel Chaves, dijo ayer que existe una relación de "causa-efecto" entre la decisión del Constitucional y el anuncio del Gobierno de estudiar una subida de las pensiones. Chaves recordó que fue acusado de "romper" la caja única de la Seguridad Social y de abrir fisuras en una de las "columnas" del Estado, y expresó su satisfacción por el auto. A la vista de la decisión, consideró que el ministro de Trabajo ha hecho una propuesta "deshonesta y arbitraria", y lamentó que después de condenarlo "al fuego eterno" el Gobierno apueste ahora por una medida similar.