Un ayuntamiento de EH obstruye las obras del primer parque eólico vasco

VIENE DE LA PÁGINA 1 La sociedad Eólicas de Euskadi, promotora del parque de Elguea, respondió ayer a la resolución del Ayuntamiento de Eskoriatza anunciando dos soluciones posibles a un más que seguro retraso en la concesión -si es que se produce- de las licencias municipales de actividad y de obras. La empresa cree que una salida posible sería eliminar del proyecto los tres aerogeneradores previstos en terrenos del municipio guipuzcoano y mantener, tal y como está previsto, los otros 37 en los otros cuatro ayuntamientos afectados, que sí han concedido las licencias oportunas: Barrundia, San Millán (en Álava), Oñati y Aretxabaleta. De ese modo, podrían respetarse los plazos previstos para la inauguración de Elguea, y terminar los trabajos para febrero o marzo del año próximo. Sin embargo, esto supondría reducir la capacidad de producción de energía, un contratiempo con el que la empresa no contaba. La construcción del parque han comenzado este mes, con una inversión que alcanza los 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros). La otra solución que estudia Eólicas de Euskadi implica un nuevo cambio en el proyecto del parque eólico: desplazar unos diez metros el lugar donde está previsto colocar cada uno de los tres molinos de viento de Eskoriatza, de modo que quedarían instalados en terrenos de alguno de los otros municipios. "Técnicamente es factible, no supone ningún problema", comentó ayer un portavoz del Ente Vasco de la Energía (EVE), propietario al 50% de Eólicas junto con Iberdrola. Un 25% de los terrenos del parque corresponden al municipio de Eskoriatza (45.000 metros cuadrados sobre un total de 180.000 metros cuadrados). La intención de la promotora, no obstante, consiste en continuar las "reuniones constantes" que se mantienen con los ayuntamientos de la zona en los últimos años y solucionar las reticencias de Eskoriatza. "Intentamos hacer las cosas bien, correctamente", añadió el portavoz del EVE. El proyecto de Elguea ha cambiado en varias ocasiones para minimizar el impacto ambiental, lo que ha aumentado el presupuesto inicial en casi 500 millones. Durante el tiempo en que se ha gestado ha debido superar numerosas trabas por el vacío legal que existe aún en el País Vasco.