Un informe sobre derechos humanos denuncia graves retrocesos en Cuba

El Gobierno cubano, además de haber desarrollado "una maquinaria represiva muy eficaz", ha añadido en los últimos años "nuevas leyes represivas y continuado los procedimientos contra disidentes no violentos, mientras hace caso omiso a los llamamientos internacionales de reforma y apacigua a los dignatarios que visitan el país con la puesta en libertad de algunos presos políticos". Así sintetiza la situación en Cuba la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch en su informe La maquinaria represiva en Cuba. Los derechos humanos 40 años después de la revolución.

El informe mantiene también que el embargo comercial de EEUU sobre la isla "sólo empeora las cosas", y que las políticas internaciones diferentes al embargo que tanto prometían "han demostrado ser igualmente ineficaces debido a la falta de voluntad política" para aplicarlas.El informe, de 291 páginas, es el producto de dos años de investigaciones y tiene el sello de seriedad que le da el prestigio de Human Rights Watch. En él se recuerda que el Gobierno de La Habana sigue considerando delitos penales "las reuniones para debatir la economía o las elecciones, las cartas al Gobierno, ciertas informaciones periodísticas, hablar con reporteros internacionales o defender la libertad de los presos políticos". Se reconoce una disminución en el número de presos de conciencia, pero se subraya que "en los últimos dos años, los fiscales cubanos han recurrido sin cesar al Código Penal para silenciar la disidencia".

En palabras de José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, "Cuba se destaca en el hemisferio por estas violaciones de los derechos humanos: la tipificación de la libre expresión y asociación como delitos, el encarcelamiento de disidentes y la negación del acceso a los observadores internacionales".

En el informe se ofrecen detalladas pruebas de estas acusaciones, así como de diversas manifestaciones de la represión y de la situación de las prisiones: se califica de "artificialmente bajo" el número oficial de 250 presos políticos y se dice que Cuba, que se niega a divulgar las estadísticas básicas de la población carcelaria, "cuenta con uno de los índices más altos de presos de Latinoamérica".

Además de constatar que las leyes niegan los derechos fundamentales, la investigación demuestra que las garantías laborales "son violados sistemáticamente en el sector de las inversiones extranjeras -en expansión en Cuba, con Canadá, España e Italia a la cabeza- mediante la aplicación de leyes que prohíben la formación de sindicatos y garantizan el control estatal de la contratación de personal". Finalmente se advierte, desde la visita del Papa a Cuba, un mayor respeto hacia los derechos religiosos, aunque sigue habiendo restricciones.

La otra cara de la moneda es la crítica de Human Rights Watch a la política estadounidense del embargo comercial en vigor desde 1961. En opinión de Vivanco, "el embargo se ha vuelto contraproducente para la promoción de los derechos humanos en Cuba", porque no es "una herramienta calibrada que pueda responder oportuna y adecuadamente a eventuales cambios en las prácticas cubanas de derechos humanos, sino una política de todo o nada". Según las actuales disposiciones, EEUU no levantará el embargo comercial hasta que no haya en La Habana un Gobierno provisional de transición en el que no figuren ni Fidel Castro ni su hermano Raúl. En definitiva, "el embargo ha dividido a la comunidad internacional y ha permitido que Fidel Castro justifique la represión con motivos antiimperialistas".