Fuera vetos

LA COMISIÓN Europea ha emplazado al Gobierno de Lisboa a que levante el veto al acuerdo del BSCH con el grupo portugués Champalimaud. También ha abierto un procedimiento de infracción contra la actuación de Portugal en este caso por supuesta violación del principio de libre circulación de capitales, una de las normas medulares del Tratado de la Unión. Es un paso significativo en la defensa de los principios de libertad de establecimiento y de prestación de servicios bancarios en el mercado europeo. La actuación de la Comisión no sólo impide que las autoridades lusas bloqueen un acuerdo privado entre dos grupos financieros, sino que suspende también las limitaciones societarias impuestas por las autoridades económicas lusas. El Ministerio de Finanzas portugués limitó al 10% los derechos de voto del BSCH en Mundial Confianza, cabecera del grupo Champalimaud, a pesar de que el banco español controlaba el 20,4% del capital después del acuerdo. La decidida intervención de Bruselas debería disuadir a los Gobiernos europeos de perseverar en actuaciones que tratan de levantar fronteras en el interior de la Unión, pero la primera reacción del Gobierno de António Guterres ha sido mantener el veto, en un claro desafío a las autoridades comunitarias. La Comisión está obligada a mantenerse firme frente al cerril desafío de Lisboa, cuyas prácticas contradicen el espíritu y la letra de las normas comunitarias. No tiene sentido refrendar sobre el papel el proyecto de un gran mercado europeo único mientras en la práctica se imponen las políticas de intereses nacionales con pequeños mercados defendidos desde el poder político mediante intervenciones contrarias a los acuerdos transnacionales. La actitud de Lisboa está siendo especialmente tosca y atentatoria de los principios de libertad de mercado que defiende el Tratado de la Unión; y su rechazo a la decisión comunitaria debe ser severamente reprendida por el resto de los gobiernos europeos. En nombre de la competencia y del orden interno, los gobiernos nacionales deben tener capacidad para intervenir en operaciones transfronterizas; pero si de verdad creen en el ámbito económico europeo, esa capacidad no puede utilizarse para cerrar los mercados a la medida de sus intereses. Europa no puede organizar un mercado común con limitaciones por razón de nacionalidad. Si los intereses de protección nacional prevalecen por encima del proyecto común, la Unión ya puede ir renunciando a su mercado único.