Colaboradores de De Palacio defienden la ética y legalidad de las ayudas al lino que cobraron

Los cuatro altos cargos del Ministerio de Agricultura que comparecieron ayer en el Congreso ante la comisión del lino -que investiga posibles irregularidades en el cobro de subvenciones de la UE- negaron la existencia en la Administración de una trama dedicada al cobro de primas. Dos de ellos están directamente afectados por el caso: Nicolás López de Coca, ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y Quintiliano Pérez Bonilla, director general de Ganadería. El primero, cuya familia cobró casi 200 millones en ayudas, calificó de "disparatado" y de montaje electoral el escándalo que le forzó a dimitir. Pérez Bonilla dijo que es "ético" que su esposa haya cobrado 25 millones en subvenciones y, además, que su cargo en Ganadería es compatible con la explotación de la granja de cerdos que posee.

"Maldito el día en que me nombraron subsecretario". Nicolás López de Coca, acorralado por el interrogatorio al que le sometió el portavoz del PSOE, José Luis Ros, resumió así su estado de ánimo tras las acusaciones de haber cobrado subvenciones a través de su entorno familiar. López de Coca, que tachó las denuncias de "montaje electoral", admitió que tres de sus hijos y su cuñada, a través de sociedades y a título individual, han recibido en los últimos seis años unos 200 millones por cultivar lino.Pese a admitir que el organismo que presidió durante dos años era el encargado de recopilar legislación básica sobre el lino y de coordinar "financiera y técnicamente" las ayudas, López de Coca aseguró que las actividades de sus familiares directos no suponía ninguna incompatibilidad. El ex alto cargo explicó que su hijo Ismael y su cuñada, Adela Rubio, intervienen en todo el proceso de cultivo del lino: siembran en tierras arrendadas; constituyeron a través de las sociedades Valzorzales SL y Campillo de la Torre la sociedad transformadora Colisur 2000 (que ha sufrido dos incendios este año) y además, "ocasionalmente" proporcionan semillas a los cultivadores.

Muy afectado en algunos momentos, el ex alto cargo reconoció haber conversado con el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso sobre una orden que afectaba directamente a la actividad de sus hijos (Castilla-La Mancha prohibió en enero el cobro de subvenciones durante dos años consecutivos) y contestó con un tenue "no creo" a la pregunta de si había conversado telefónicamente desde su despacho oficial con la empresa de su hijo y de su cuñada. Ros acusó a López de Coca de vulnerar la Ley de Incompatibilidades de altos cargos y le recordó que su conducta puede haber vulnerado el Código Penal. Asimismo, recordó que el actual ministro de Agricultura, Jesús Posada, se ha inhibido en la tramitación de un expediente sancionador contra una bodega porque su esposa participa en un negocio similar.

Granja de cerdos

Pérez Bonilla, otro de los directamente afectados, aseguró que el cobro de ayudas por su esposa ha sido "ético" y defendió que no incurre en ninguna incompatibilidad pese a que, a preguntas de la diputada socialista, Amparo Rubiales, admitió que él es propietario, además,de una explotación dedicada a la cría de cerdos. La explotación ganadera la gestiona su esposa desde 1991.Además de López de Coca y Pérez Bonilla declararon el director general de Agricultura, Rafael Milián, y el ex jefe de Gabinete de la ex ministra Loyola de Palacio, Francisco José Simón.

Las preguntas de los portavoces a los comparecientes sirvieron para aclarar la línea de defensa común: el cobro de ayudas por cultivar lino es legal y no han vulnerado la Ley de Incompatibilidades. Pero además se aportaron datos novedosos. Así, por ejemplo, Rafael Milián aseguró que el lino textil que se cultiva en España, "de tallo corto", no vale para tejidos y se dedica a la fabricación de papel y paneles de automóvil. ¿En qué cantidades? se le preguntó. "El ministerio no tiene información cuantitativa sobre el destino del lino", contestó.

Los comparecientes hicieron hincapié en que la Administración central, vía Fondo Español de Garantía, únicamente traspone las normas comunitarias. Las actividades de control, tramitación y pago corresponden a las comunidades autónomas. Pero esta tesis choca con lo que demuestra el cruce de cartas registrado en mayo de 1998 entre la Junta de Extremadura y el FEGA. La Junta preguntaba por las directrices a aplicar en el pago de ayudas y el FEGA recomendó el pago de las mismas, obviando las dudas. La Junta hizo constar por escrito que declinaba cualquier responsabilidad.

Respecto al grado de conocimiento de De Palacio sobre los intereses de sus colaboradores, todos coincidieron: nunca se trató del tema en los Consejos de Dirección del Ministerio. "Ni del lino, ni de los pollos, ni de los melocotones", dijo Simón.

El posible incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades también fue objeto de debate. Pérez Bonilla, afectado por dos vías (cobros del lino por parte de su esposa y propietario de explotación ganadera) esgrimió el artículo 4 de dicha ley, que permite la administración del patrimonio personal o familiar a los altos cargos, para defender su posición.