La verdadera privatización de la sanidad

En economía se suele distinguir entre dos tipos de actividades o productos: "bienes públicos", que son aquellos que benefician a la comunidad, aunque también a los individuos, y "bienes privados", que son predominantemente valiosos para los individuos en su vida personal. En los sistemas de salud de los países más desarrollados de Europa, donde la implantación del Estado de bienestar tiene una larga tradición, esta distinción, en lo que se refiere a la atención sanitaria, está ampliamente aceptada y consensuada en la sociedad. Los cuidados de salud y la atención sanitaria tienen la consideración de bienes públicos en la medida en que no sólo benefician al individuo, sino que también benefician directamente a la sociedad, y, en este sentido, su provisión no es gratuita, pero no está sujeta a reglas de mercado y se financia solidariamente por toda la sociedad a través de los impuestos.Según esto, ¿qué es eso de privatizar? No es ni más ni menos que cambiar la concepción social de lo que son bienes públicos y privados y pasar a la esfera de lo privado determinados bienes públicos, en la creencia de que éstos pueden ser suministrados sobre la base del ánimo de lucro y regulados por el mercado. Tanto es privatizar, por tanto, vender un hospital para que provea servicios contra precios privados, como eliminar de la esfera de la financiación pública medicamentos necesarios que tienen que ser pagados por los ciudadanos de su bolsillo, como introducir copagos en la prestación de estos bienes o servicios públicos como mecanismo de contención.

Una cortina de humo

El Gobierno del PP en España se rasga las vestiduras porque se les acusa de privatizadores, por el hecho de haber creado -de tapadillo y a última hora- las fundaciones sanitarias en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1999. Pero no nos engañemos, no es solamente por eso. Las fundaciones no son más que una cortina de humo de una estrategia mucho más sofisticada que conduce inevitablemente a la privatización de la sanidad.Es preciso considerar que cualquier proceso de privatización de un sector público, sea cual sea, requiere de un camino, una preparación para la entrada al mercado de estos bienes o servicios y para quedar sujetos a la competencia. Primero se precisa introducir en la sociedad mecanismos que incentiven (vía fiscal) el uso de esos mismos bienes con carácter privado, ya sea directamente o a través de terceros (aseguradoras privadas). En segundo lugar, el proceso requiere ajustes estructurales que permitan a los servicios públicos ponerse en situación competitiva (competencia gestionada entre aseguradoras, competencia entre los centros públicos por los clientes y por la financiación, disgregación del monopolio público). Tercero, es bueno en este camino hacer crecer el sector privado para que la ciudadanía "compare y vea" que "lo mejor" es lo privado (inversiones importantes del sector privado y del mercado asegurador); y cuarto, viene también muy bien, en la transición, introducir concesiones al mercado privado para gestionar instituciones públicas, asegurando mercados cautivos y bien financiados, de tal manera que los ciudadanos "prefieran" los bienes suministrados por el sector privado (hospital de Alzira).

Considerando sólo estos elementos, no creo que sea para escandalizarse si se acusa al Gobierno del PP de abonar el camino a la privatización, ya que medidas como la reciente reforma fiscal y del IRPF, que incentivan a las empresas a contratar con aseguradoras privadas la atención sanitaria de sus trabajadores y familias, el crecimiento que al amparo del Gobierno del PP está experimentando el sector asegurador y proveedor privado de servicios, la fragmentación competitiva que se pretende introducir en los centros del Insalud vía Plan Estratégico, y dar concesiones a empresas privadas para gestionar hospitales públicos introduciendo en la gestión el afán de lucro como se ha hecho en Alzira, son elementos que claramente apuntan en esta senda. Si a esto se une que se han privatizado de hecho medicamentos que son muy utilizados y útiles para algunos colectivos ciudadanos (por cierto, sin conseguir el objetivo pretendido de contener la factura farmacéutica), y que no han dudado en "amenazar" a los ciudadanos con la implantación de copagos, creo que no es nada peregrino el que determinadas fuerzas progresistas acusen al PP de privatizar y de abonar el camino a privatizaciones más amplias.

El asunto de la fundaciones sanitarias no es otra cosa que una pieza más de un engranaje. No se puede negar que, en el marco del Plan Estratégico del Insalud, desempeñan un papel clave para introducir competencias internas entre centros y financiación acorde a la capacidad de captar clientes, con los riesgos potenciales de insolidaridad y falta de cooperación y coordinación que esta opción plantea (por ello fue desechada en el Reino Unido por el Gobierno del laborista Blair), y riesgos a largo plazo de profundos desequilibrios que conduzcan a que muchos centros sanitarios públicos pierdan su legitimidad y el aprecio de los ciudadanos.

No es de recibo haber dilapidado el caudal de consenso que se alcanzó en 1997 con la Ley de Gestión del Sistema Nacional de Salud, votada en el Congreso por el PSOE, el PP y otras fuerzas políticas, habiendo creado sin debate y por sorpresa esta nueva forma de gestión para los centros del Insalud, y alterarse ahora por recibir críticas. Tampoco, a mi entender, es muy adecuado pretender meter todo en el mismo saco y decir que lo que hacemos en Andalucía (Plan Estratégico del SAS, empresas públicas, etcétera) es lo mismo que las fundaciones. No lo es.

Cada empresa pública sanitaria en Andalucía es creada por ley (no se hurta el debate social ni parlamentario), es 100% pública y no puede dar entrada a capital privado, no puede enajenar sus bienes por decisión propia, sus presupuestos se aprueban, desglosados, por el Parlamento, están sujetos a auditoría de cuentas públicas y control financiero permanente, y un largo etcétera. Por contra, las fundaciones sanitarias se crean y se eliminan por acuerdo del Gobierno (sin debate parlamentario), sus planes de actuación y financiación se aprueban por el presidente del Insalud, pueden enajenar y vender sus bienes, y sus presupuestos no son debatidos en el Parlamento.

Creo que las diferencias de transparencia y garantía pública son obvias y notorias. Pero hay una cosa tan importante o más que ésta, que es su enfoque estratégico. Mientras que en el Plan del Insalud estas instituciones autónomas se desenvuelven en un entorno de competencia donde el "dinero sigue al paciente", en el caso de Andalucía el entorno estratégico es de cooperación, integración y colaboración entre instituciones, sin renunciar por ello a valores como la mayor autonomía profesional (gestión clínica) y la libertad de elección máxima por el ciudadano.

Después de todo, si les parece, respondan a la pregunta: ¿quiénes son los verdaderos privatizadores de la sanidad?