Los payeses piden que cambie la visión urbana que se tiene del campo
Unos 400 agricultores de las comarcas del Bages, el Solsonès y la Segarra afectados por el incendio que el 18 de julio de 1998 devastó 27.000 hectáreas de bosques y sembrados han convertido la conmemoración del primer aniversario del suceso en un llamamiento a los políticos y a la sociedad catalana a entender que debe haber un modelo específico para la actuación en el medio rural. Los afectados han celebrado este fin de semana una jornada de debate y reflexión en Matamargó (Riner, Solsonès) sobre lo que ocurrió hace un año en el incendio forestal y la situación actual, y han llegado a la conclusión de que "las consecuencias directas del incendio aún siguen afectando a los habitantes de la zona devastada". Pero dejando de lado las políticas de extinción de incendios, los payeses se han puesto de acuerdo en que lo que debe cambiar de verdad es el concepto que se tiene desde de la ciudad del medio rural. El incendio llegó a un medio que ya se encontraba herido de muerte: la despoblación, la pérdida de peso económico, la falta de inversiones públicas en infraestructuras y servicios, los recortes presupuestarios y el escaso interés mediático que despiertan los problemas del medio rural son algunas de las manifestaciones del grado de abandono que sufre el campo. En este sentido, los payeses afirman que "hasta la fecha no se han tomado medidas serias para atacar el despoblamiento" y reclaman que se tenga en cuenta el medio rural no sólo por el interés intrínseco que tiene, sino porque es un espacio que tener en cuenta para el equilibrio de la zona urbana y a la inversa. Los afectados por el incendio reclaman un medio rural con igualdad de condiciones para sus habitantes, con políticas de apoyo a la formación de personas dedicadas a las tareas agrícolas, ganaderas y forestales, y políticas agrarias que garanticen una renta mínima que permita a los agricultores vivir dignamente, y que la sociedad tome conciencia de la problemática del entorno agrícola. Más ayudas Paralelamente, la Asociación de Profesionales Forestales (Profor) considera necesario incrementar las ayudas a la regeneración de las áreas forestales destruidas el año pasado. Un año después, las compensaciones para la recuperación de las zonas quemadas no han superado el 16% del coste de los daños, unos 1.550 millones de pesetas, según los cálculos de Profor. La organización considera que las administraciones deben hacer un esfuerzo mayor para aumentar las ayudas forestales y equipararlas proporcionalmente a las destinadas a paliar los daños que los incendios ocasionan en la agricultura y las infraestructuras. El 32% de los propietarios tienen más de 65 años, el 25% está entre 56 y 65 años, y sólo un 13% tiene menos de 40.
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