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El "exceso" de déficit fiscal de Cataluña se reduce entre 50.000 y 330.000 millones, según un estudio

Andreu Missé

La contribución fiscal excesiva de Cataluña al conjunto de España oscila entre 50.000 y 330.000 millones de pesetas anuales, según un reciente estudio que se refiere al periodo 1991-1994. Estas cifras reducen ostensiblemente anteriores cálculos sobre los que el Gobierno de CiU había basado sus reclamaciones fiscales. Las nuevas cifras son muy inferiores a las de otras investigaciones relativas a ejercicios anteriores que fijaban entre 250.000 y 450.000 millones de pesetas anuales el exceso de déficit fiscal catalán. Ello apunta que el exceso de déficit fiscal se ha ido reduciendo.

El déficit fiscal de Cataluña (diferencia entre lo que aportan los ciudadanos por la vía de impuestos y lo que reciben del Estado en servicios) osciló entre 610.000 y 840.000 millones de pesetas de promedio entre 1991 y 1994. Éstos son los datos de un trabajo elaborado por los economistas R. Barberán, N. Bosch, M. Espasa, F. Rodrigo y J. Ruiz-Huerta que ha dirigido el catedrático de la Universidad de Barcelona Antoni Castells. Partiendo de esos datos, el profesor Castells ha elaborado un trabajo que próximamente publicará el Servicio de Estudios de Banca Catalana y en el que examina el saldo fiscal de Cataluña. La diferencia entre 610.000 millones y 840.000 millones es consecuencia de los distintos criterios empleados para medir la distribución del gasto público. Si se tiene en cuenta exclusivamente el lugar donde físicamente se realiza el gasto, es decir, si sólo se considera el flujo monetario, el saldo fiscal resulta más elevado (840.000 millones de pesetas). Pero si se parte del criterio de quién se beneficia del gasto, los resultados son más moderados: 640.000 millones de pesetas. En este sentido, por ejemplo, la inversión realizada en Soria y Guadalajara para la construcción del tren de alta velocidad también beneficiará a las empresas y los ciudadanos de Madrid y Barcelona. En resumen, según los nuevos cálculos, Cataluña pagó el 19,7% de los impuestos de todo el Estado y recibió el 14,6% o el 15,5% de todo el gasto público, según se emplee el criterio de flujo monetario o el criterio del beneficio. Las anteriores cifras se han tomado como referencia teniendo en cuenta el déficit del Estado en aquellos años (1991-1994). En el caso de un presupuesto equilibrado, el déficit fiscal de Cataluña ascendería a un billón de pesetas. ¿Es excesiva la contribución neta de Cataluña al conjunto de España? Antoni Castells propone que una regla de juego adecuada sería "pagar los impuestos en proporción al producto interior bruto, que es un buen indicador de la capacidad fiscal, y recibir el gasto público en proporción a la población". "Si aplicamos esta regla", continúa, "Cataluña debería haber pagado el 19% de los impuestos en lugar del 19,7% y haber recibido el 15,5% del gasto total, cuando en realidad ha recibido el 14,6%, según el criterio de flujo monetario, o el 15,5%, según el criterio del beneficio". Por lo tanto, concluye Castells, "podríamos decir que el exceso de déficit fiscal es de 330.000 millones (criterio de flujo monetario) o 140.000 millones (criterio del beneficio)". Comparación con Europa Castells advierte de que si se admitiera un cierto grado de progresividad en el sistema fiscal, lo que supondría imputar un porcentaje de impuestos algo superior al 19%, este exceso de déficit disminuiría automáticamente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que pequeñas diferencias en estas imputaciones tienen importantes efectos económicos. Un punto porcentual de diferencia en la imputación de ingresos o gastos representa unos 200.000 millones de pesetas. El estudio propone otro punto de referencia. En comparación con otras regiones europeas que tienen un nivel de renta relativamente similar al de Cataluña en España, esta comunidad autónoma tendría un exceso de déficit fiscal del orden de 35.000 a 50.000 millones de pesetas, cifras muy inferiores a las de los casos anteriores. En cualquier caso, el profesor Castells advierte de que la causa del déficit fiscal excesivo no se debe buscar en la financiación autonómica, sino en el circuito propiamente estatal o central del presupuesto.

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