El fiscal general del Estado de Portugal investiga a Champalimaud

La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación por una supuesta "desobediencia cualificada" al Parlamento por parte del financiero luso Antonio Champalimaud y diversas instituciones portuguesas, entre ellas el Ministerio de Finanzas y el Banco de Portugal. Según la denuncia del diputado popular Jorge Ferreira, el Banesto de Mario Conde adquirió el control del Totta & Azores "al margen de la legalidad" y Champalimaud lo compró irregularmente en 1995.

En este mismo proceso, el fiscal investiga diversas irregularidades en la compra del grupo asegurador Mundial Confianza, el Banco Pinto & Sotto Mayor y el Totta & Azores, por parte del financiero luso, entre 1992 y 1995. El diputado popular Jorge Ferreira confirmó ayer a este periódico la apertura de la investigación iniciada a raíz de su denuncia al fiscal como ponente de la comisión parlamentaria que investigaba "el trato de favor" dispensado por el anterior Gobierno conservador al financiero luso António Champalimaud, durante la etapa de las reprivatizaciones. Ferreira explica que el fiscal investiga "la presunta violación del deber de informar al Parlamento" por parte de Champalimaud y diversas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Finanzas y el Banco de Portugal. A su juicio, la presunta "desobediencia cualificada" al Parlamento constituye "un auténtico escándalo" que sólo ha alcanzado notoriedad pública tras el acuerdo del BSCH con el grupo Champalimaud.

El diputado conservador añade que entregó al fiscal general una copia de la investigación parlamentaria, donde se da cuenta de diversas ilegalidades en la reprivatización de Mundial Confianza, el Pinto & Sotto Mayor y el Totta & Azores. La documentación, en poder de este periódico, sostiene que el anterior Gobierno, de Aníbal Cavaco Silva, "favoreció" al financiero luso en la reprivatización de Mundial Confianza, entregándole "recursos públicos con los cuales éste, directa o indirectamente, liquidó el precio que el día anterior había ofrecido por el 51% del capital social de la empresa". El Banco Pinto & Sotto Mayor, aún nacionalizado, entregó al financiero luso, el 15 de abril de 1992, 18.000 millones de escudos a cambio de su renuncia a todas las reclamaciones judiciales por la nacionalización de sus empresas durante la revolución de los claveles (1974-1975).

Asimismo, la investigación parlamentaria sostiene que el Banesto, de Mario Conde, "actuando concertadamente con sus asociados portugueses, adquirió el control del Totta & Azores al margen de las disposiciones legales en vigor". En 1995, António Champalimaud compró al Banesto el 50% de su participación en el Totta, mediante la "dispensa del lanzamiento de una OPA, exigida por el código de Sociedades Comerciales y por las normas del Mercado de Valores, perjudicando gravemente al Estado y a los demás accionistas del Totta, y favoreciendo ilícitamente a los presumibles infractores y prevaricadores del Banesto y sus asociados portugueses".

El diputado popular explica que "el Ministerio de Finanzas, el Banco de Portugal, el Instituto de Seguros y la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) tuvieron conocimiento de esas irregularidades (...) y no actuaron, hasta el momento, en conformidad". A su juicio, el anterior Gobierno conservador "lesionó gravemente los intereses públicos, concretamente el principio de transparencia en el funcionamiento de los mercados, el principio de la igualdad de tratamiento a que tienen derecho los ciudadanos y, por supuesto, el deber de transparencia de la Administración". "La comisión parlamentaria", dice, "fue víctima de falsas declaraciones y rechazo ilegal a la entrega de documentos por ella solicitados".

Con su abstención, el Partido Socialista, en el Gobierno, impidió que el Parlamento aprobara el informe de la comisión investigadora, supuestamente bajo las amenazas por parte de Champalimaud de vender su imperio a los grupos españoles. El diputado popular decidió el pasado 9 de junio presentar su denuncia por la supuesta "desobediencia" al Parlamento y adjuntar el informe de la comisión investigadora para que el fiscal actuase en consecuencia. "Yo soy político, no policía", explica, "y, por tanto, mi denuncia se restringe a la violación de la ley de investigaciones parlamentarias; no obstante, el fiscal tiene datos suficientes para investigar otro tipo de ilegalidades que se deducen de la documentación entregada".

Por otro lado, el industrial y financiero António Champalimaud, afirmó ayer al semanario Expresso su absoluta disposición para ajustar con el Gobierno de Lisboa los términos de su acuerdo con el BSCH, con el fin de que "esta alianza se ponga en práctica lo antes posible y mis empresas puedan trabajar en paz". El financiero explicó que el acuerdo no se puede romper y preparar uno nuevo porque el documento de su constitución establece varias cláusulas penalizadoras para quien no respete sus términos. Champalimaud reitera que "se han cumplido todos los requisitos legales" en el acuerdo que firmó el 7 de junio pasado por medio del cual vendió el 40% de su grupo a cambio del 1,6% del BSCH.