La vivienda protegida en Cataluña se redujo en un tercio en 1998 respecto a años anteriores

La política de vivienda del Gobierno de la Generalitat está más marcada por las fluctuaciones del mercado inmobiliario y la situación financiera que por las necesidades sociales. Ésta es una de las conclusiones de un trabajo realizado por varios expertos sobre la evolución de la promoción de vivienda protegida en Cataluña desde finales de los ochenta hasta el año pasado. Según este estudio, los pisos de protección oficial representaron el 8,5% de los más de 71.000 cuya construcción se inició el año pasado. En 1997, la proporción fue de un 25%.

Según el estudio, realizado por encargo de la Fundación Bofill, la construcción de viviendas de protección oficial ha disminuido progresivamente en toda Cataluña. En 1989, época de expansión del mercado inmobiliario, la construcción de vivienda en régimen de protección representó sólo un 7,4%. Desde la crisis de 1992, la Administración impulsó la política de vivienda protegida hasta alcanzar una proporción del 45,5% de las que se construyeron en 1993 y del 45,3% de las 46.000 que se levantaron en 1995. A partir de entonces, la vivienda protegida ha ido descendiendo -un 31,8% en 1996 y un 25% en 1997- hasta caer al 8,5% del año pasado, a medida que se modificaba el mercado inmobiliario y bajaban los tipos de interés. "La política de vivienda que realiza el Gobierno catalán está marcada por la situación del mercado y no por las necesidades sociales", destacó ayer Josep Maria Vilanova, uno de los autores del estudio, que analiza también el impacto y los resultados de los planes de vivienda que se pusieron en marcha en 1992. El trabajo también es crítico con la distribución de los planes de vivienda en el territorio de Cataluña: "El predominio de las subvenciones a las viviendas de obra nueva se traduce en la promoción de los nuevos sectores de crecimiento residencial y un elevado consumo de suelo que discrimina a las ciudades del Barcelonès, que están agotando el suelo edificable". Según su diagnóstico, los sucesivos planes de vivienda, que subsidiaban los entonces altos tipos de interés hipotecarios, beneficiaron a una amplia clase media de edades comprendidas entre 20 y 39 años. Parejas cuyos ingresos se encontraban entre uno y tres millones de pesetas representaron el 66,5% de los beneficiarios de las ayudas. "En este sentido, los planes de vivienda fueron un éxito. Pero fuera de ellos se quedó un considerable segmento de la población cuyos ingresos se situaban por debajo del millón de pesetas anuales", precisó Joan Costa, otro de los autores del estudio, quien subrayó que los pasados planes de vivienda no han promocionado el régimen de alquiler, algo que podría resultar la mejor opción para las personas en situación más difícil. "Y no hay que pensar sólo en los panoramas más marginales, sino en las numerosas situaciones sobrevenidas de paro, por ejemplo, o en las personas mayores y las familias numerosas". Los autores del estudio precisaron que una de las fuentes para la realización del trabajo fue la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Generalitat. Sin embargo, apenas pudieron tener datos del Departamento de Bienestar Social respecto a las ayudas distribuidas. A título de ejemplo, comentó que les fue más fácil obtener datos de Cáritas, institución que en 1995 atendió a 5.000 familias que habían sido desahuciadas. "Y precisamente creemos que una política de vivienda que pretenda ser eficaz debe conocer las situaciones de marginalidad, lo que ahora no es posible", subrayó Carme Trilla, coautora del trabajo.