Bruselas enmienda las tesis del Gobierno por los 1,3 billones de ayudas a las eléctricas

Varapalo a la argumentación empleada por el Gobierno de España y otros cinco países (Austria, Dinamarca, Francia, Holanda y Reino Unido). La Comisión Europea dictaminó ayer oficialmente que las compensaciones financieras que pretenden otorgar a las compañías eléctricas para sufragar sus costes de transición a la competencia (CTC), y que en el caso español llegan a 1,3 billones de pesetas, no pueden acogerse a la directiva sobre la liberalización eléctrica, sino que se trata de ayudas de Estado encubiertas. La diferencia es muy importante porque el Tratado sólo autoriza esas ayudas en casos excepcionales y estrictos.

La decisión supone que la Comisión puede reducir total o parcialmente la cuantía de ayudas previstas, 1,3 billones de pesetas en el caso de España. En cualquier caso, ese posible recorte queda para más adelante, quizá para otoño. El comisario de la Competencia, Karel van Miert, ya advirtió que se trataba de ayudas de Estado reguladas por el artículo 87 (antiguo 92) del Tratado, y ahora el colegio de comisarios le ha dado la razón, frente a la tesis esgrimida por el Gobierno español. Madrid sostenía que "la afectación de un porcentaje de la tarifa para la compensación de los costes hundidos no constituye exacción ni supone ayuda pública, según la jurisprudencia comunitaria". Esta argumentación, que defendía el aumento de tarifas para sufragar en 10 años una compensación de 1,3 billones de pesetas a las eléctricas a cargo del consumidor, es la que ahora ha quedado fuera de juego. El colegio de comisarios consideró ayer que las ayudas previstas tanto por España como por los otros Gobiernos no puede acogerse a las derogaciones de la directiva de liberalización eléctrica, sólo permitidas como excepciones en casos en que deba protegerse los compromisos contraídos por las empresas previamente a la vigencia de la directiva. Y siempre que estén directamente relacionados con la red de transporte, el desglose contable o la organización del acceso a la red, como establece el artículo 24 de la directiva. Estas excepciones no posibilitan compensaciones en metálico, sino de otro tipo, como, por ejemplo, plazos adicionales en el ritmo general de liberalización, que es justamente lo conseguido ayer por Alemania para sus cinco länder orientales.

Repercusiones

El director general de la Energía de la Comisión, Pablo Benavides, aseguró que "no se puede prejuzgar la repercusión" concreta de que las compensaciones sean juzgadas desde el punto de vista del derecho de la competencia, en vez de ser examinadas como excepción a la liberalización eléctrica. Pero quizá peque de optimista sobre las pretensiones gubrnamentales, porque el artículo 87 del Tratado considera "incompatibles" con el mercado común las ayudas públicas, porque falsean la competencia, salvo en dos supuestos: si son "de carácter social" o se destinan a "reparar los perjuicios causados por desastres naturales" u otros acontecimientos excepcionales. También son compatibilizables en otras cuatro hipótesis: si se destinan a ayudar a determinadas regiones pobres, si se destinan a un proyecto de "interés común europeo", si facilitan el desarrollo de ciertas actividades económicas o si promueven la cultura. El encaje de los CTC en estos supuestos será complicado. Habría que probar que la liberalización es un acontecimiento excepcional equiparable a un desastre natural, o que el fomento de la actividad eléctrica no alterará "las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común".

Benavides, quien ya anteriormente ha defendido públicamente los intereses de las eléctricas españolas en este asunto, se mostró satisfecho de la decisión -contraria tanto a las pretensiones de Madrid como a que sea su dirección general la competente para dilucidar el caso- porque aseguró que el departamento de la Competencia ha aceptado algunas de sus ideas en favor de una actitud positiva hacia las compensaciones. A saber, que "la situación del mercado, el ritmo del proceso de liberalización y el sacrificio especial que se pide a las empresas merecerán una atención especial" a la hora de dictaminar sobre el fondo. Es decir, que estos elementos actuarían como una suerte de atenuantes en el siempre riguroso juicio del departamento de Van Miert.

El director general de la Energía aseguró también que "están en juego muchos miles de millones de euros", aunque aseguró que cifrar los "costes hundidos" es imposible. Ni lo han hecho las empresas ni los países -salvo España- ni la Comisión, precisó. Sin embargo, reconoció que en la tramitación del expediente ante Van Miert (o ante su sucesor), los Gobiernos "tendrán que cuantificarlos".

"Titulización"

La cuantificación de los CTC en España fue, precisamente, el origen del enfrentamiento que protagonizó el anterior presidente de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE), Miguel Ángel Fernández Ordóñez, con el ministro de Industria, Josep Piqué. Fernández Ordóñez, que dimitió de su cargo, sostuvo siempre que la cifra de 1,3 billones pactada por Industria y las eléctricas -"con transparencia", según manifestó en su momento Piqué- en septiembre de 1998, no tenía ninguna base racional. Y ello, según Fernández Ordóñez, porque la Ley Eléctrica de 1997 condicionaba el pago de los CTC a una serie de variables como la evolución del consumo y de los tipos de interés, que podía determinar que incluso la cifra final de ayudas fuera negativa para las eléctricas. La discusión acerca de las ayudas se enconó aún más si cabe al trascender que el Gobierno autorizaba a las compañías a titulizar cobrar por adelantado de los bancos- la mayor parte de los CTC pactados: un billón del total de 1,3 billones. La titulización, una operación de ingeniería financiera, suponía colocar en los mercados financieros un nuevo activo de deuda a través de los bancos, que se asegurarían el cobro del billón adelantado a las empresas eléctricas con el 4,5% de la tarifa eléctrica. La Comisión Eléctrica no dudó en calificar esa adscripción de parte de la tarifa eléctrica como un nuevo impuesto a los consumidores. La decisión de Bruselas introduce incógnitas para el negocio eléctrico, inmerso en un proceso importante de nuevas inversiones.