El Constitucional avala el desalojo de los jueces para hacer juzgados

Una sentencia del Tribunal Constitucional, hecha pública ayer, avala la decisión del Ministerio de Justicia de desalojar a los jueces de las viviendas que se les adjudicaron, con el fin de un mejor aprovechamiento de los espacios de los edificios judiciales, que de estar ocupados por los jueces y sus familias pasaron a albergar oficinas judiciales. La adjudicación de viviendas a jueces en el edificio judicial de Las Palmas de Gran Canaria, según una circular de Justicia de 1980, fue revocada en 1992, con base en una disposición presupuestaria que autorizaba a Justicia a recuperar espacios en edificios judiciales. La juez Begoña Solaz Roldán, afectada por el desalojo, lo recurrió. Desde Justicia le contestaron que sus "intereses particulares" no podían prevalecer ante las "manifiestas necesidades del servicio público". La juez insistió en su reclamación, que desencadenó que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias cuestionara la constitucionalidad del precepto presupuestario en el que se basó Justicia.

La sentencia del pleno del Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de la norma que permitió a Justicia "una más racional utilización de los recursos disponibles" mediante el alojamiento de juzgados y tribunales en los espacios que venían dedicándose a viviendas de jueces.