Ruiz-Gallardón reorganiza las consejerías para hacer frente a la llegada de nuevas competencias

Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, ha cambiado su Gobierno, no tanto por fuera como por dentro. Si bien el próximo Ejecutivo regional se parecerá externamente al anterior (sólo hay dos consejerías nuevas), las competencias de cada departamento serán bien distintas. Este cambio se ha operado en función de la inminente llegada de nuevas competencias en educación, sanidad, empleo y justicia. Estas transferencias implican pasar de un presupuesto de 881.000 millones a otro de más de un billón. Gran parte de este reto recaerá en Luis Eduardo Cortés, el vicepresidente, y Antonio Beteta, consejero de Hacienda.

- Vicepresidencia. Las funciones que desarrollará Luis Eduardo Cortés -que tendrá que compaginar sus labores de vicepresidente con las de consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte- no están claras. Puede convertirse en la mano ejecutora de Ruiz-Gallardón (mando directo sobre todas las consejerías) o simplemente en una figura decorativa, que sustituirá al presidente cuando esté fuera o enfermo. La primera opción, según las fuentes consultadas, es la que tiene más posibilidades de hacerse realidad, teniendo en cuenta que Ruiz-Gallardón tiene sus miras puestas en suceder a Aznar y necesita delegar en un segundo de absoluta confianza. En su Consejería de Obras Públicas no se prevén grandes cambios y repetirá como viceconsejero Luis Peral. - Hacienda. Antonio Beteta, consejero de Hacienda, será otra figura clave en el nuevo Gobierno. Su misión consistirá en decidir en qué se invierten cada día 2.414 millones de pesetas del presupuesto público. Frente a esta labor, Beteta ha perdido la única gran empresa pública que gestionaba directamente: el Canal de Isabel II, una entidad con 55.000 millones de presupuesto y beneficios de 3.000. El motivo de este apartamiento, según fuentes autonómicas, es que el Canal requeriría demasiado tiempo del consejero del que dependerá la distribución del billón de pesetas del presupuesto regional (unas tres veces el de la capital de España). Por ello, Beteta se pasará la próxima legislatura dedicado en exclusiva, por orden de Ruiz-Gallardón, a sus nuevos y gruesos libros de cuentas.

- Medio Ambiente. No sólo el exceso de trabajo ha llevado a que Beteta pierda el Canal. Carlos Mayor Oreja, actual consejero de Medio Ambiente, ha apoyado firmemente la decisión del presidente. Y tenía una razón: quería el organismo que controla el suministro de agua en la región. Y es que este organismo se presenta como pieza fundamental para la gestión del medio ambiente madrileño. Desde hace años, los ecologistas y Beteta discutían sobre la conveniencia o no de construir dos nuevas presas de abastecimiento para la capital. Los ecologistas las rechazaban, Beteta no. La opinión de Mayor Oreja, nuevo presidente del Canal, es hoy una incógnita. Pero el control del Canal de Isabel II no es la única buena noticia que Mayor Oreja ha recibido en los últimos días. El presidente regional le ha comunicado que es además el nuevo máximo responsable de agricultura (hasta ahora en manos de Economía), de los servicios de emergencia (teléfono 112) y del cuerpo de bomberos. Sin embargo, y aunque el control de estos departamentos no tiene una gran importancia presupuestaria, son las herramientas perfectas para desarrollar con más tranquilidad el Plan Forestal, un ambicioso proyecto de regeneración arbórea de 191.000 millones, la obra maestra de Mayor Oreja. Pero tras las buenas noticias, las malas. Medio Ambiente pierde el control del Plan Prisma, una inversión de 100.000 millones de pesetas para mejorar las infraestructuras de 178 municipios. De este dinero depende la construcción, por ejemplo, de las casas consistoriales, las bibliotecas, los polideportivos o el asfaltado de las calles.

- Presidencia. Manuel Cobo, futuro consejero de Presidencia, retiene las competencias protocolarias, las relaciones institucionales y la Dirección General de Medios (la cara informativa del Gobierno). Pero, además, el que fuera portavoz del PP en la Asamblea de Madrid suma la gestión del citado Plan Prisma (100.000 millones de pesetas) y un reto de gran envergadura política: las competencias de Justicia, que implican el traspaso a la Comunidad de Madrid de más de 5.500 funcionarios.

De las cárceles, auténtica patata caliente de estas transferencias, la Comunidad no quiere ni oír hablar. Por ello las ha rechazado.

- Educación. El independiente Gustavo Villapalos pierde el área de Cultura y se queda con la de Educación, aunque muy aumentada. Para hacer frente a este incremento de competencias crea dos viceconsejerías: Educación y Coordinación General. Villapalos ha reclamado a Ruiz-Gallardón una tercera, pero el presidente se lo está pensando aún. A favor de que se la conceda juega que Villapalos tendrá que gestionar una auténtica macroconsejería con casi 500.000 millones de presupuesto. Sólo las transferencias de las enseñanzas no universitarias, que llegarán el próximo 1 de julio, le aportarán 225.000 millones más de presupuesto y 30.000 nuevos trabajadores públicos.

Villapalos, a pesar de que pierde el mando directo sobre Cultura, acumula más poder que en la anterior legislatura. Se hace con las competencias del Instituto Madrileño para la Formación (IMAF), con más de 250 empleados, hasta ahora en manos de Economía, y gestionará los Fondos Europeos para la Formación. De esta manera, Villapalos concentra sobre sí todas las competencias educativas, que hasta ahora estaban divididas entre las consejerías de Economía y Educación.

Además, y como reconocimiento a su labor en favor del Patrimonio (construcción del primer museo arqueológico regional) y sus excelentes relaciones con la Iglesia (la mayor poseedora de bienes culturales de Madrid), Alberto Ruiz-Gallardón le ha premiado con la Dirección General de Patrimonio. Villapalos, en respuesta, llamará a su nuevo departamento Consejería de Educación y Patrimonio.