Campaña marcada

La campaña de la declaración de la renta de este año, última antes de que se aplique el IRPF diseñado por el Gobierno de Aznar, se inició a primeros de mayo con el escándalo Aguiar-Huguet y con una huelga de los cuerpos de gestión de Hacienda; ayer se cerró el plazo para presentar las declaraciones positivas, que por término medio afecta a unos cuatro millones de contribuyentes, con otra huelga de empleados de la Agencia Tributaria, convocada esta vez por tres sindicatos. Pues bien, ni el caso de los dos cargos de Hacienda de la época socialista que resultaron tener cuentas en Suiza alimentadas desde el despacho de abogados que trabajaba para el grupo Torras-KIO ni las huelgas convocadas para mayor molestia de los contribuyentes han merecido mayores explicaciones del secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa. Los responsables oficiales se han limitado a ver pasar los anuncios de paro como quien mira el tren, y sobre el escándalo de Aguiar y Huguet se han limitado a proclamar con solemnidad que "aquí y ahora no pasa nada". Una declaración que, lejos de infundir credibilidad, inquieta más si cabe a la ciudadanía, sobre todo después de conocer algunas ramificaciones del grupo Aguiar-Huguet activas hasta hace unos meses. La gestión tributaria en los dos últimos años ha conseguido, pese a todo, ampliar y mejorar los servicios al contribuyente. La declaración por teléfono, la información sobre los datos disponibles en Hacienda o la reducción del plazo de devoluciones -este año empezó en mayo- son logros incuestionables. Pero la gestión política de Costa no ha logrado ordenar el caos de la Agencia, aliviar los enfrentamientos internos, reducir los costes de personal ni convencer a los contribuyentes de que existe una estrategia clara contra el fraude fiscal que garantice la equidad.

El error más grave es que se ha transmitido a la opinión pública la idea de que la Agencia es un instrumento político al servicio del Gobierno. El desliz político cometido por Costa y secundado por el presidente del Gobierno al acusar de amnistía fiscal encubierta al Ejecutivo anterior, sin pruebas ni argumentos, se volvió en contra de los acusadores cuando el director de la Agencia, Jesús Bermejo, fue sorprendido, con nocturnidad y sin motivo, rebuscando expedientes que no se habían entregado a la comisión parlamentaria de investigación. La diligencia nocturna de Bermejo (dirigida por el propio Costa, según versiones no del todo aclaradas) nunca se ha explicado satisfactoriamente ni se ha sabido nada del expediente que anunció el secretario de Estado. El Gobierno tampoco ha reconocido que su acusación de amnistía fiscal fraudulenta era una insidia. Éstos son los detalles que se graban en la memoria ciudadana y socavan la credibilidad en las instituciones garantes de la justicia fiscal, y son los que la Hacienda de este Gobierno desprecia o es incapaz de controlar.