El Gobierno ofrecerá a los partidos un pacto de Estado sobre el fin de la violencia en Euskadi

Los resultados del 13-J han provocado que, por primera vez, el Gobierno afronte el debate sobre el estado de la nación, que comienza mañana, sin el apoyo de sus socios nacionalistas. Para romper tan incómoda posición, José María Aznar ofrecerá a CiU, PNV y Coalición Canaria una resolución con iniciativas de contenido social y de fomento del empleo, pero vascos y catalanes ya han anunciado su desinterés por suscribir mociones conjuntas con el Gobierno. Aznar tratará también de neutralizar a la oposición con la oferta de un pacto de Estado sobre el proceso de paz en Euskadi. La comunicación del Gobierno anuncia su deseo de "buscar activamente el consenso" con "todos los partidos para abordar el proceso".

Aznar afronta el debate sobre el estado de la nación en condiciones más difíciles que en los dos años anteriores a causa del distanciamiento de sus socios nacionalistas, aumentado tras la celebración de las elecciones municipales del 13 de junio y ante la proximidad de las legislativas. El portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, anunció ayer a este periódico que su partido considera una "declaración de ruptura" la oferta que el secretario general del PP, Javier Arenas, dirigió el miércoles al del PSOE, Joaquín Almunia, para marginar al PNV de los pactos municipales y forales en el País Vasco. Anasagasti manifestó que, con estos precedentes, el PNV está "muy reticente y nada interesado" en suscribir cualquier resolución conjunta con el Gobierno, cuando "además, se han incumplido las de años anteriores". Citó el traslado a Euskadi del Gernika de Picasso y el impulso ferroviario del eje atlántico. El portavoz del PNV ha anunciado una dura requisitoria contra el Gobierno en su intervención en el debate, en la que será protagonista el proceso de paz en Euskadi. Anasagasti reiterará su acusación de "inmovilismo" al Ejecutivo.

CiU, el socio más fiel del Gobierno, también marcará distancias, según ha anunciado su portavoz, Josep López de Lerma, e incluso se plantea rechazar su participación en mociones conjuntas con el Ejecutivo.

Los nacionalistas catalanes, ante su fracaso en las elecciones municipales, que atribuyen parcialmente a su apoyo al Gobierno del PP, y ante la proximidad de los comicios autonómicos, necesitan recuperar sus propios perfiles. López de Lerma ha anunciado un discurso crítico, basado en el "insuficiente reconocimiento" por el Gobierno del PP "de la pluralidad nacional de España".

El Gobierno tratará de recuperar a sus socios nacionalistas con la oferta de unas mociones de contenido "centrista", según anuncia el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, que se concretan en un paquete de medidas de impulso de las políticas sociales y de reformas estructurales que relancen el empleo.

Pero el Ejecutivo pretende ampliar el consenso a todo el arco parlamentario -PSOE incluido- con un pacto de Estado sobre el proceso de paz en el País Vasco. La comunicación que Michavila presentó, el pasado martes, en el Congreso, sobre el debate del estado de la nación afirma "la prioridad" que el Ejecutivo otorga a "consolidar el cese de la violencia" y anuncia que "buscará activamente el diálogo y el consenso de todas las fuerzas políticas democráticas como medio para abordar este proceso".

CiU, aunque expresa reticencias a firmar mociones conjuntas con el Gobierno, ha adelantado su predisposición a apoyar un pacto de Estado de estas características. El Gobierno también cuenta con que el PNV, PSOE, Izquierda Unida (IU) y el Grupo Mixto lo acepten. El pasado martes, todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, suscribieron una moción en la que exigían al Gobierno a que flexibilice su política penitenciaria de forma "acorde con el final de la violencia".

El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, ha anunciado su predisposición al pacto de Estado. Por su parte, el coordinador de IU, Julio Anguita, incidirá en sus críticas al Gobierno por su actitud en el proceso de paz. Anguita denunciará que la coalición que dirige ha sido "criminalizada" por el Gobierno por participar en el Pacto de Lizarra mientras representantes del Ejecutivo hablaban con la dirección de ETA.