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Reportaje:

Adiós a una gran biblioteca universitaria

El Grupo Anaya se dispone a destruir buena parte de los fondos de Alianza Universidad

La destrucción de libros, su conversión en pulpa de papel, porque han perdido ritmo de venta, o han cambiado de manos la propiedad de la empresa, ha sido una práctica habitual del sector editorial español. Ahora le ha tocado el turno a una de las editoriales más emblemáticas del pensamiento contemporáneo español: Alianza Universal, fundada en 1970. Su propietario, el Grupo Anaya, que ha sido comprado por el primer editor francés, se dispone a destruir buena parte de sus fondos. Numerosos autores afectados por la medida consideran que ésta es una solución excesivamente drástica para una una colección de reconocido prestigio, y más en un país como en España, donde aún existen carencias de libros.

Tres editoriales del Grupo Anaya -Alianza, Cátedra y Tecnos-, que han publicado buena parte de lo mejor del pensamiento español en el último tercio de este siglo y los clásicos extranjeros que han modelado la cultura universitaria de este país, van a proceder a la destrucción de parte de sus fondos. Una práctica antigua y habitual en el sector editorial español dictada por la lógica empresarial: la escasa venta de los libros no compensa los elevados costes de su almacenamiento. Esta solución ha indignado a numerosos autores, que temen que sea el principio del fin de la pérdida de un acervo cultural importantísimo en un país con un índice de lectura aún bajo en comparación con Europa y escasas bibliotecas públicas. José Manuel Segura, director de comunicación de Anaya, insiste en que la destrucción de las existencias es lo que hacen todas las grandes editoriales, y que sólo serán sacrificados "aquellos títulos con más de tres años de antigüedad que venden menos de 100 ejemplares anualmente". Asegura, además, que no se destruyen en su totalidad, "ya que siempre se guarda un pequeño fondo de 25 o 50 ejemplares por título para futuras peticiones".

No habrá saldos

Segura afirma que "en anteriores ocasiones se han enviado estos libros a las ONG o a las bibliotecas que están dispuestas a pagar los costes de transporte", pero que "es política de la casa negarse a saldar". El escaso desarrollo del mercado de libros de segunda mano en España y el éxito de las fotocopias son, según fuentes del sector, dos de las razones de que se llegue a una solución tan drástica para acabar con las existencias. De hecho, las ofertas de libros rebajados que se encuentran periódicamente en las grandes superficies consisten principalmente en libros de ficción y best sellers, pero no ensayos o libros universitarios. Las citadas fuentes estiman que el volumen de libros que Anaya se dispone a convertir en pulpa de papel "puede alcanzar los cuatro millones de ejemplares", una cifra que a Segura le parece "un disparate", cuando "los títulos vivos en fondo de toda Alianza Editorial no llegan a los 3.200".

Gustavo Domínguez, director general de Cátedra, señala que los libros a destruir "son aquellos que fueron editados con una ilusión enorme y vendieron en su momento 4.000 o 5.000 ejemplares, pero de los que ahora no se venden más de 20 al año". Domínguez repite que no hay inconveniente en donarlos a las bibliotecas, "si ellas vienen a recogerlos", y que en su caso se va a destruir "una media de 600 o 700 ejemplares de 15 o 20 títulos"; es decir, de 9.000 a 14.000 libros.

En cuanto al coste del almacenamiento -el almacén central de Anaya está en Valdemoro (Madrid)-, todos los profesionales consultados por este periódico subrayan que se trata de "muchos millones". Fuentes de una gran editorial española cifran en 2.000 millones de pesetas su costo anual en almacenamiento y gestión de existencias.

El sector del libro español vive en los últimos años un constante baile de ejecutivos y de absorciones y fusiones de sellos editoriales. La última tuvo lugar el pasado otoño, cuando el grupo Havas, número uno de la edición en Francia, lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) amistosa sobre las acciones del Grupo Anaya, fundado por Germán Sánchez Ruipérez y su principal accionista. El coste de la operación se acercó a los 35.000 millones de pesetas.

El día en que se hizo público el acuerdo, el pasado 12 de septiembre, el presidente de Havas, Eric Licoys, insistió en que la empresa no pretendía estar presente en todos los sectores de la edición, y que los recursos se volcarían en la edición electrónica y en los libros educativos. En medios editoriales se piensa que Anaya está embarcada en una "apuesta por el manual y en una política de rentabilización de colecciones que puede llevar a la desaparición de fondos prestigiosos si no se venden".

José Manuel Segura afirma rotundamente que esta interpretación es "una maldad interesada y estúpida", y que Anaya está volcada en la "renovación del libro de bolsillo y del universitario, habiendo conseguido penetrar en espacios donde antes no estábamos".

Luis Suñén, director general de Alianza, tranquiliza a los agoreros asegurando que Alianza Universidad "no va a desaparecer", y que la decisión empresarial de destruir parte de los fondos no tiene nada que ver "con la programación o los contenidos de la editorial, sino con la capacidad de almacenamiento". El pasado octubre, Alianza renovó esa colección con la salida de El Libro Universitario, con el objetivo de adaptarse a las nuevas necesidades de los estudiantes, pero dirigida también a un público más amplio.

Esta renovación no ha tranquilizado del todo a los numerosos autores que desde su creación, en 1970, han venido publicando en Alianza Universidad. Una colección cuya nómina de autores impresiona: desde Galileo, Descartes, Newton, Franklin y Francis Bacon hasta Hegel, Sartre, Wittgenstein, o economistas como Leon Walras, Gary Becker y Amartya Sen, pasando por Konrad Lorenz, Noam Chomsky, Hanna Arendt, James Pitt-Rivers o Earl J. Hamilton. El elenco de hispanistas y españoles no se queda atrás: Paul Preston, Shlomo Ben-Ami, Juan José Linz, Carlos Castilla del Pino, José Ferrater Mora o Francisco Tomás y Valiente.

En las últimas semanas, numerosos autores españoles han recibido una carta de la editorial en la que se les informa de que, dado el "escaso ritmo de venta" de sus obras, "lo que obliga a mantener un importante stock de ejemplares en almacén con difícil salida y alto coste de almacenamiento (....), vamos a proceder a la destrucción de los ejemplares". En cumplimiento del artículo 67 de la Ley de Propiedad Intelectual, la editorial comunica al autor que "podrá exigir que se le entreguen todos o parte de los ejemplares".

Derechos de autor

Esta notificación ha indignado a muchos autores de libros de ciencias sociales o humanidades, que sospechan que asisten al final de una de la colecciones universitarias más prestigiosas en lengua española. Al destruir los fondos, Alianza y cualquier otra editorial pierden automáticamente los derechos. Si otra editorial está interesada en la obra deberá adquirir de nuevo los derechos del autor o de sus herederos. En opinión de Carlos Rodríguez Braun, que va a ver cómo dos de sus libros pasan por la guillotina, parte del problema obedece a razones técnicas: "Sospecho que antes se hacían tiradas muy grandes, y ahora, con las nuevas tecnologías informáticas, se puede lanzar una primera edición corta y, si hay demanda, reeditarla muy rápidamente". A Nicolás Sánchez Albornoz, la decisión de Anaya le parece "una barbaridad". Tres de sus libros serán destruidos y la totalidad de la colección Alianza América, fundada por él a mediados de los años ochenta. "Veintidós mil ejemplares, correspondientes a más de 30 títulos", se lamenta.

Juan Pablo Fusi, cuya obra País Vasco: pluralismo y nacionalidad no ha sido de momento sentenciada, recuerda cuando "publicar en Alianza Universidad suponía un espaldarazo profesional". Fusi opina que la destrucción es una "solución muy drástica", cuya víctima final será el lector. "Sigue habiendo carencias de lectura y de libros en muchos puntos de España. Hay más de 60 universidades y millón y medio de estudiantes. Hay más mercado del que se cree, pero entiendo que las empresas editoriales no puedan asumir todos los costes. Tal vez la Administración pública, a nivel autonómico o local, debería hacer un esfuerzo al respecto".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 20 de junio de 1999