La propietaria del vertedero de Real de Montroi abrirá en cuanto el Consell dé permiso

La empresa VER, SL, propietaria del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Real de Montroi cerrado hace año y medio por decisión unilateral del municipio, abrirá los nuevos depósitos de seguridad que estaba construyendo en cuanto la Consejería de Medio Ambiente ratifique la resolución de apertura, que sólo está pendiente de contestación de las alegaciones. La firma posee el único vertedero de seguridad (ahora cerrado) de toda la Comunidad.

Desde el cierre, en otoño de 1997, las industrias valencianas que generan residuos tóxicos y peligrosos se ven obligadas a exportarlos a otras comunidades. Y para conseguir reabrir el depósito clausurado, la empresa mantiene su batalla judicial con el Consistorio hasta que se resuelva el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución tomada por Real en un pleno municipal. Sin embargo, mientras sigue esta vía, la firma mantiene sus pretensiones de abrir dos nuevos depósitos de seguridad adyacentes al clausurado. Sostiene VER que se trata de un proyecto distinto con declaraciones de impacto ambiental distintas y que cuenta con el permiso de Medio Ambiente. De hecho, la consejería autorizó a finales de 1998 la apertura de los dos nuevos depósitos pero el Ayuntamiento presentó alegaciones a esa autorización. Por eso, la empresa acaba de comunicar que acaba de iniciar las labores de acondicionamiento de las nuevas instalaciones y que sólo espera a que la consejería ratifique su permiso para empezar a verter residuos tóxicos y peligrosos en Real. Según VER, en tan sólo tres años de actividad, alcanzó una cuota de participación en el sector de tratamiento de restos tóxicos próxima al 40%. Situación que se vio frenada tras la decisión del municipio. Y sostiene que sus instalaciones son legales y cumplen extrictamente el Plan Integral de Residuos del Consell. Por eso, pese a la oposición municipal ha continuado construyendo los dos nuevos vasos. Incluso asegura que está a punto de obtener para sus cubetas y su proceso de tratamiento y vertido la certificación de calidad ISO 14.000, una de las más exigentes en materia ambiental. 100 millones de indemnización En cuanto al contencioso abierto con el municipio, el Tribunal Superior de Justicia mantuvo en un reciente auto la clausura cautelar de las instalaciones e impuso a VER una fianza de 130 millones de pesetas, es decir, la cuantía de la multa impuesta por el municipio por presuntas irregularidades en los vertidos. Sin embargo, la firma está convencida de que ganará el contencioso, que reabrirá el depósito cerrado y que el municipio tendrá que indemnizar con 100 millones de pesetas por cada año que esté inoperante.