Fritos por los pollos

Los ministerios de Sanidad y de Agricultura decidieron el pasado viernes la inmovilización total en España de todos los productos vivos o transformados de origen ganadero o de la acuicultura procedentes de Bélgica como primera medida preventiva frente a los riesgos de la dioxina en los piensos.Con esta drástica medida, la Administración española trataba de curarse en salud frente a la fuerte confusión existente en ese momento en Bélgica sobre el uso de dioxina en piensos y su grado de utilización por el conjunto de la ganadería y la acuicultura en ese país. Pero la impresión en medios del sector agroalimentario en España es que, con esa misma decisión, la Administración central se cubría las espaldas ante la existencia de un alto grado de desinformación sobre el nivel de penetración en España de animales o productos ganaderos y sobre el destino que se hubiera dado a los mismos. Así, el secretario general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Jorge Jordana, afirma que lo que está sucediendo en relación con la dioxina pone en evidencia la existencia de grandes lagunas a la hora de controlar el fraude en el sector.

Jordana piensa que la política de transferencias a las comunidades autónomas en materia de lucha contra el fraude está suponiendo un factor negativo para la vigilancia de todo el proceso desde la producción agrícola a la transformación. "El Ministerio de Agricultura", señala, "se ha quedado sin competencias para controlar el fraude y solamente se limita a hacer estudios informativos cuando se sospecha de irregularidades en algunos sectores. Esos estudios se han remitido a las comunidades autónomas donde se hallaban las empresas que supuestamente tenían una irregularidad. Pero, luego, no hemos visto que las comunidades hayan tomado cartas en el asunto". En aquellos estudios, según fuentes de la industria, se habían detectado irregularidades en algunas marcas de leche, en mieles con exceso de isoglucosa, zumos con azúcar, vinos con agua y turrones adulterados.

Comercio con Bélgica

Por lo que se refiere al problema actual de la dioxina y los piensos, se puede señalar que, a diferencia de lo que sucede con otros estados europeos, como Francia u Holanda, Bélgica no es un país con el que España tenga un importante comercio agroalimentario en importaciones de ganadería o productos derivados.Tomando como referencia los últimos cinco meses, las entradas totales de aves no han llegado a los 70.000 animales, frente a un consumo interno de 560 millones de pollos. La última de las entradas de aves se produjo el 5 del pasado mes de marzo, por lo que ya se han consumido. En el porcino, los animales importados en el mismo periodo no llegaron a las 4.000 unidades, frente a un sacrificio superior a los 20 millones, mientras los animales vacunos no llegan a las 500 unidades.De los animales porcinos, 1.600 fueron para cebo, que entraron en mayo, y otros 1.576 lechones importados el 2 de marzo. Todos los animales que no se han sacrificado se hallan controlados en granjas de Cataluña. También se han importado 170 caballos.

En el campo de los productos de la pesca, que podrían igualmente haber sido alimentados a base de piensos con dioxina, las exportaciones totales a España del resto de la Unión Europea ascienden anualmente a unas 350.000 toneladas, de las que menos de 5.000 proceden de Bélgica y 24.000 de Holanda. De esa zona, entre otros productos, se importan mejillones, si bien se trata de una especie que no se cría con pienso.

En cuanto a piensos, España es un país autosuficiente y hasta excedentario, según fuentes de este sector. Aquí se produce uno de los piensos compuestos más baratos de toda la Unión Europea, lo que es suficiente como para desalentar todo tipo de importaciones de piensos elaborados en otros Estados miembros. Se importan materias primas para la fabricación de los piensos, sobre todo maíz francés, cebada y trigos ingleses y cereales y oleaginosas de Estados Unidos, pero no subproductos como las grasas animales que han generado el problema de la dioxina.

España espera ahora, según el director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla, que Bruselas indique cuáles son las granjas afectadas en su país. Si los animales importados que aún están vivos proceden de una de ellas, serían sacrificados para su destrucción. Caso de que procedieran de granjas no afectadas, se destinarían al consumo.

Permanece, entre tanto, la preocupación por el grado de desinformación y descontrol que el conjunto de la Administración española ha demostrado a raíz de este asunto. Además de las transferencias autonómicas, en este panorama ha jugado un papel importante el hecho de que, en 1993, al crearse el mercado único, se eliminaran las fronteras y se suprimeran también los controles sobre los productos comunitarios.

El Ministerio de Agricultura controla los animales vivos; Sanidad y Consumo, los productos elaborados. En teoría, cada movimiento de animales que se produce en la UE debe pasar por Bruselas, que, a su vez, debe informar a cada Estado miembro, Administración central y comunidad autónoma. En la práctica, como se ha puesto de manifiesto estos días, se detectan o descubren a diario a nuevas partidas de animales importados, lo que deja la impresión de que no se conoce realmente cuál es el volumen de entradas con datos fiables. El director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla, plantea el problema actual de la dioxina como si nos encontráramos simplemente ante un incidente externo detectado en otro país comunitario, y considera que es allí donde se deben adoptar las medidas precautorias.

Por su parte, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), como primera medida para frenar el deterioro de esta situacion, ha propuesto a la Administración la constitución de una agencia estatal o un comité especial para luchar contra todo tipo de fraudes desde el campo a la industria. Este ente, en opinión de Jordana, el presidente de la FIAB, debería ser independiente del Ministerio de Agricultura y debería depender de Sanidad o de Presidencia del Gobierno.

"La experiencia dice que con los técnicos de Agricultura no se ha funcionado correctamente", afirma, "y que, en lugar de denunciar y corregir una situación, en muchos casos se ha optado por tapar la irregularidad".