Precisiones

Con relación a la noticia aparecida en EL PAÍS, página 74, del lunes 17 de mayo titulada Un grupo de empresas pide la exención de la tasa de gasóleo deseo aclarar lo siguiente:1. El ministro de Industria, el director general de la Energía y el subdirector general de Energía Eléctrica se han manifestado por escrito clara y rotundamente a favor, con la legislación actual, de la exención del impuesto especial de hidrocarburos a la autogeneración de electricidad. ¿Puede el Ministerio de Hacienda cobrar un impuesto que el Ministerio de Industria dice que no se debe cobrar y que ellos mismos reconocen que se presta a interpretaciones?

2. Indican que han iniciado el procedimiento para retirar la exención a cinco empresas catalanas que lo han conseguido legalmente y después de cumplir una serie de requisitos. Esperemos a ver si el dictamen preceptivo del Consejo de Estado es favorable y posteriormente la decisión de los tribunales competentes.

3. También indican que en el nuevo reglamento se determinará que la exención del impuesto especial de hidrocarburos no será aplicable a la autogeneración. ¿Cómo podrá explicar el Ministerio de Hacienda el conceder una exención a una compañía eléctrica y prohibir esta misma exención a un industrial que quiere producirse su propia electricidad? ¿Esto no es tergiversar la competencia? ¿No tiene el Ministerio de Hacienda un tribunal de defensa de la competencia? Evidentemente, la palabra final no la tendrá el Ministerio de Hacienda, sino el Tribunal Constitucional.

4. Debido a las expectativas que creó el Ministerio de Hacienda, 17 industriales, pensando que no cambiaría de opinión, han realizado importantes inversiones en autogeneración. Algunos hasta de 60 millones de pesetas. ¿Quién es el responsable de estas inversiones que el Ministerio de Hacienda quiere convertir en improductivas? ¿Conoce los puestos de trabajo que destruirá y si alguna empresa se verá obligada a cerrar debido al cambio de opinión del Ministerio de Hacienda?

A la vista de lo expuesto, ¿el ministro de Hacienda y el director general de la Agencia Tributaria creen que se pueda calificar de eficiente la actuación de sus altos colaboradores? ¿Tiene alguna respuesta para justificar su cambio de opinión? ¿Pueden aclarar públicamente lo sucedido?-