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El reparto de la culpa o de los medios

Las estadísticas de la Iglesia en España, que ya se pueden consultar en Internet (www.conferenciaepiscopal.es), demuestran que los obispos catalanes tienen un problema: su iglesia va peor que en el resto de España. Tienen menos parroquias, el número de sacerdotes se reduce sin remedio, sus seminarios están más vacíos y, por hablar de dinero, Barcelona es la provincia en la que menos contribuyentes asignan a la Iglesia el porcentaje de sus impuestos en el IRPF. Lo hace sólo el 20,16%, 13 puntos por debajo de la media nacional. Aunque el resto de las provincias catalanas sube un poco la media, el conjunto de la comunidad, con el 22,26%, sigue muy lejos del porcentaje estatal, el 42,73%, y lo cierto es que las cosas empeoran año tras año.Algunos prelados de la Conferencia Episcopal Española suelen echar en cara esa situación a sus colegas catalanes, todos nacidos en Cataluña menos el cardenal de Barcelona, Carles Gordo, y el obispo de Tortosa, Salinas Viñals, valencianos.

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Calabazas para los obispos catalanes

Pues bien, la defensa de los eclesiásticos catalanes, muchas veces, es el ataque, si se permite la licencia. "En un país de gran sentimiento nacionalista es imposible conectar con el pueblo sin compartir sus sentimientos, cuando no atacándolos", afirma un párroco.

La polémica retirada por la Generalitat de tres licencias de FM a la cadena Cope es un ejemplo que se escucha también en todos los interlocutores. Es imposible que la Iglesia avance en Cataluña mientras desde Madrid (para el clero catalán, la Cope es Madrid: las diócesis de esa comunidad se desprendieron de sus propiedades en la cadena de radio hace algunos años), se ataca un día sí y otro también los sentimientos de este pueblo a través de importantes comunicadores que a veces parecen hablar en nombre de la Iglesia, se lamentan, casi a coro.

El obispo de Girona, Jaume Camprodrón, dijo ayer que la revocación de esas licencias de la Cope "no va contra la libertad de expresión". "Una cosa es retirarlas y otra no renovarlas", explicó, antes de mostrar su convencimiento de que en la decisión de la Generalitat "no hay ninguna infracción legal".

Lo raro es que el prelado de Girona se haya atrevido a hablar en uno u otro sentido. El pasado 13 de mayo lo hizo el obispo auxiliar de Barcelona Joan Carrera y un periódico de Madrid recogió meticulosamente lo contrario de lo que había dicho. Carrera se molestó en enviar una rectificación y el mismo periódico conservador la recogió, pero sólo en su edición de Barcelona.

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