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Editorial:

Un error del Gobierno

El Gobierno ha ascendido al rango de general a Juan Cañadas, que fue sancionado en 1981, siendo capitán, por firmar el llamado manifiesto de los cien, un panfleto a favor de los golpistas del 23-F. El tiempo transcurrido y la actitud posterior del afectado explican que siguiera con normalidad su carrera militar una vez cumplida la sanción que se le impuso en su día: dos meses de arresto. Pero la carrera propiamente dicha acaba con el nombramiento de coronel. El ascenso al generalato es una decisión política, reservada al Consejo de Ministros a propuesta del titular de Defensa. El Ejército de Tierra tiene en activo a 70 generales y menos del 10% de los militares alcanzan ese rango. El Gobierno no estaba obligado a nombrar a Juan Cañadas, y ha sido imprudente hacerlo.El golpismo hace tiempo que dejó de ser un riesgo para la democracia española, y por eso pudo aplicarse a Tejero -a finales de 1996- el tercer grado penitenciario, y hoy está en su casa, pese a que nunca ha dado muestras de arrepentimiento. Por la misma razón, los militares que fueron sancionados en su día con penas de inhabilitación inferiores a los seis años permanecieron legítimamente en las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la ley. Y como ha dicho el propio general Cañadas, la Constitución reconoce el derecho a la reinserción. Pero una cosa es la permanencia en el Ejército y otra que el Gobierno le seleccione entre el reducido número de militares a los que promueve al generalato. No hay que dramatizar, pero es un error. Y un error político, por lo que no es de recibo el argumento jurídico -expuesto ayer por el ministro Serra- de que en el expediente no constaba ese antecedente, dada la consideración de "falta leve" que en su día se dio a la participación de Cañadas en el manifiesto a favor de los golpistas.

Que la decisión sea inoportuna no significa que tenga razón Arzalluz cuando invoca el artículo 8 de la Constitución, como hizo el domingo en un mitin, para establecer un paralelismo con la pretensión de ETA de constituirse en garante de la libertad vasca. Ese artículo atribuye a las Fuerzas Armadas la defensa de la integridad territorial y del orden constitucional. Pero eso es lo característico de los ejércitos de los países democráticos. Lejos de avalar la autonomía castrense, la Constitución atribuye al Gobierno legítimo la dirección de la política militar. Son los regímenes militares -y grupos militaristas, como ETA- los que se arrogan esa autonomía para intervenir en nombre de la nación. Que Tejero y sus compinches pretendieran ampararse en la amenaza terrorista contra la unidad de España para justificar el golpe del 23-F no significa que la letra o el espíritu de la Constitución autorice tal interpretación. Razón de más para considerar que el nombramiento de Cañadas constituye un grave error político del Gobierno. Nada más, pero nada menos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de junio de 1999